CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El Congreso local determinó que sólo con denuncia formal de por medio podrá abrir una acción de juicio político contra el exsecretario de Seguridad Pública y el exprocurador de Justicia, Ramón Almonte Borja y Alberto López Rosas, respectivamente, como lo sugiere la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por el caso Ayotzinapa. El pasado martes 17, el presidente de la mesa directiva de la 59 legislatura local, Efraín Ramos Ramírez, aceptó la recomendación 1VG/2012 de la CNDH, emitida tras el asesinato de dos estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y el fallecimiento de un trabajador de la gasolinera EVA, ocurridos el pasado 12 de diciembre, durante el desalojo realizado por policías estatales y federales en la autopista del Sol, al sur de esta capital. No obstante, a través del oficio P/OM/0985/2012, dirigido al ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, el Congreso local planteó que la aceptación de la recomendación "no significa, en manera alguna, apoyar a una de las partes o actuar con parcialidad en beneficio de ella". Asimismo, solicitó "una ampliación del plazo" para entregar las pruebas del cumplimiento de la recomendación porque la integración del juicio político contra los exfuncionarios, añadió, "estará supeditada en todo momento a la presentación de la denuncia, su respectiva ratificación y la secuela procedimental de referencia", refiere el informe oficial consultado por este reportero. En el expediente 1VG/2012, la CNDH hizo dos recomendaciones al Congreso local. En la primera plantea que se tomen las medidas adecuadas para garantizar que se atiendan de manera oportuna las necesidades de las escuelas normales rurales en el estado de Guerrero, especialmente la "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, “enviando a esta Comisión Nacional las pruebas que demuestren su cumplimiento”. En la segunda se pide al Congreso local que "gire sus instrucciones a quien corresponda para que, a partir de que se haga pública esta recomendación por violaciones graves a los derechos humanos, colabore en el trámite de la denuncia de juicio político que se inicie, en su caso, en contra del exprocurador general de Justicia y del exsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ambos del estado de Guerrero, con motivo de los hechos ocurridos el 12 de diciembre de 2011 en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. Apenas ayer, la mesa directiva del Congreso local dio a conocer al pleno que había aceptado en lo general la recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa. Sin embargo, los diputados locales no informaron sobre la acotación que se hizo sobre el juicio político, la única sanción grave que se plantea contra integrantes del gabinete del gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero y exfuncionarios estatales. De acuerdo con los documentos oficiales, el Congreso local tiene 15 días hábiles, a partir de que la recomendación fue aceptada, para informar a la CNDH sobre el cumplimiento de los señalamientos que hizo el organismo público descentralizado.