Busca PRD anular reformas a la ley de Seguridad Pública de Tabasco

jueves, 5 de abril de 2012
VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debe investigar las reformas a la Ley de Seguridad Pública que a garantizan a exgobernadores y mandos de primer nivel disponer de seguridad personal, al comprobarse que se falsificaron documentos y, por ende, que se incurrió en una conducta delictiva”, denunció el exoficial mayor del Congreso, Joel Alberto García González. El destacado jurista planteó lo anterior luego que, con documentos en mano, la senadora perredista, Dolores Gutiérrez Zurita, demostró que el dictamen aprobado en la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, no es el mismo que la mayoría priista avaló y votó en el pleno, el pasado 2 de abril. “Este tema que ha generado tanta polémica y molestia a toda la ciudadanía, que es el de la aprobación de las reformas a los artículos 74, 75 y 76, así como adiciones al 74 en el segundo párrafo y el artículo 75 Bis, por los diputados del PRI utilizando su mayoría en el Congreso local, fueron realizadas de manera mañosa”, acusó la senadora del PRD. Denunció que el dictamen aprobado en comisiones fue firmado por los diputados priistas José Dolores Espinosa May, Marcela de Jesús González García y Yolanda Rueda de la Cruz, presidente, vocal y secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, sin embargo, en el que se aprobó en el pleno ya no aparece la rúbrica de Yolanda Rueda, “por lo tanto, esto hace de que el dictamen aprobado en el pleno no tiene vigencia ni sea legal”. Recordó que, por ello, el día de la sesión se dispensó la lectura del documento “y ahí aprovecharon los diputados priistas para pasar el strike”. Agregó: “Los señores diputados no pueden aprobar un dictamen y subir otro al pleno, porque en ese momento, por una coma que se le cambie, lo tienen que regresar a la Comisión,  por lo tanto el dictamen de reforma a los artículos 74, 75 y 76 en materia de seguridad públicas, protección civil y procuración de justicia es ilegal”. Gutiérrez Zjurita explicó que, en el dictamen aprobado en comisiones, se hablaba de que la protección que se brindará a los exgobernadores, exprocuradores, expresidentes del Tribunal Superior de Justicia y exdirectores de averiguaciones previas, sería hasta el segundo grado familiar en línea descendente y el aprobado en el pleno, de un primer lugar en línea descendente. Al respecto, el abogado García González reprobó que los diputados priistas pretendieran sorprender al pueblo de Tabasco, “pero no faltó quien se diera cuenta de esas modificaciones, que en lo obscurito y subrepticiamente hicieron, pues el día de su aprobación dispensaron la lectura del dictamen”. Reiteró que en el documento aprobado en comisiones aparecen las firmas de los diputados que participaron, sin embargo, en el segundo donde se elimina el que se proteja a familiares hasta segundo grado en línea descendente, “no aparece la firma de la secretaria de la Comisión y al no aparecer la rúbrica de la legisladora, ese documento carece de validez”. “Esta actitud evidencia que existe falsificación de documentos, lo cual es una conducta delictiva que debe ser investigada y sancionada por la Procuraduría General de Justicia, pues ese delito se persigue de oficio y no requiere que haya querella interpuesta”, manifestó. Diputados perredistas anunciaron que analizan la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la “aberración  jurídica” que, aseguran, cometieron sus homólogos priistas, al aprobar, “al vapor”, protección para ex gobernadores y otros ex funcionarios relacionados con la impartición de justicia, así como a sus familiares.

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