VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Repudio generalizado, incluso de exgobernadores y candidatos a la gubernatura del PRI, PRD y PAN, siguen provocando las reformas a la Ley de Seguridad Pública para brindar seguridad a exmandatarios estatales y exfuncionarios relacionados con la impartición de justicia, así como a sus familiares. El pasado 2 de abril, haciendo uso de su mayoría, diputados priistas aprobaron reformas y adiciones a la Ley de Seguridad Pública para brindar protección a exgobernadores, exsecretarios de gobierno, exprocurador y exsubprocurador de Justicia, exsecretarios de Seguridad Pública, expresidentes del Tribunal Superior de Justicia y exdirector de Averiguaciones Previas, cuando hayan estado al menos un año en el cargo. También a sus familiares en línea descendente hasta en primer grado, así como a candidatos a gobernador, alcaldes y diputados locales. El senador Arturo Núñez Jiménez calificó de “aberrante” las reformas y adelantó que, en caso de ganar la gubernatura, promoverá su derogación. “Realmente indigna lo que hacen con Tabasco, y lo hacen aprovechándose de la Semana Santa”, recriminó el candidato del Movimiento Progresista por Tabasco que integran los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC). “Es claro que a los priistas les importa nada más seguir dándole privilegios y prebendas al grupo de funcionarios en detrimento del pueblo”, cuestionó. El impugnado candidato priista a la gubernatura, Jesús Alí de la Torre, se manifestó también en contra porque, dijo, era una iniciativa que requería “mayor análisis” y no merecía estar en la agenda legislativa, sobre todo en antesala de las elecciones del 1 de julio. Sin embargo, admitió que solicitó a las autoridades protección especial durante la campaña por la gubernatura que arranca el 15 de mayo y que, desde ahora, le acompañan dos guardias vestidos de civil. “Simplemente no estoy de acuerdo”, respondió por su parte el exgobernador priista Manuel Andrade Díaz consultado al respecto; y aseguró que él no necesita ningún tipo de seguridad para realizar sus actividades cotidianas. “A mí no me interesa. Afortunadamente en Tabasco me puedo desenvolver tranquilamente sin necesidad de tener seguridad, no tengo ni temor ni preocupación”, manifestó. Andrade Díaz calificó de “anacrónica, sin fundamento y fuera de tiempo” la citada reforma; y advirtió que la acción de los diputados de su partido, podría influir en las próximas elecciones. “Son cosas que no se deben de hacer, simplemente se ve mal”, reprochó. El candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura, Gerardo Priego Tapia, tachó de “cinismo” y “desfachatez” que exfuncionarios quieran garantizarse seguridad para ellos y sus familiares, cuando Tabasco tiene más de un millón de pobres y ocupa los primeros lugares en inseguridad. Dijo que, de llegar a la gubernatura, hará ajustes en las reformas a la Ley de Seguridad Pública porque en su gobierno “no habrá excesos”. Javier Reséndez Medina, excoordinador de asesores del gobernador Andrés Granier Melo, también calificó de “aberrante” el hecho y anticipó que esto tendrá “un alto costo político” para el PRI. Aseguró que el combate al crimen organizado es el deber de todos los funcionarios y refirió que antecesores de Andrés Granier no tienen ningún tipo de seguridad, “porque se supone que cumplieron con el tema de la seguridad”. El problema –dijo– no es únicamente la ley para brindarle seguridad a un exfuncionario, sino las escoltas que son utilizadas “hasta para los hijos y yernos de funcionarios en viajes de placer”, lo que genera un gasto oneroso al estado. “Eso es lo que no se vale”, reprobó y advirtió que con estos actos, “se están dando mensajes de soberbia, prepotencia y excesos”. Lo que mal empieza, mal termina, machacó el también exdirigente estatal del PRI y compadre del gobernador Andrés Granier, a quien pidió agradecer su crítica “sana y constructiva”.