COLIMA, Col. (apro).- En la víspera del inicio de las campañas para renovar los ayuntamientos y el Congreso local, las dirigencias estatales del PAN y del PRD denunciaron el reparto de dinero por parte del gobierno estatal, supuestamente con el objetivo de inducir el voto a favor del PRI en la jornada del próximo 1 de julio. En conferencias de prensa por separado, los presidentes de ambos partidos anunciaron que interpondrán recursos ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), a fin de que deslinde responsabilidades al respecto. El dirigente del comité estatal del blanquiazul, Raymundo González Saldaña, dio a conocer que en los municipios costeros de Tecomán y Armería, el gobierno del estado entrega a ciudadanos 500 pesos a cambio de una copia de su credencial de elector, lo que a su juicio permitirá al Revolucionario Institucional ejercer presión para que voten a su favor el día de los comicios. González añadió que en la escuela primaria Ford 175, ubicada en la colonia Rancho Blanco, el pasado viernes 11, durante un festival por el día de las madres, las asistentes recibieron como regalo un botiquín de primeros auxilios con publicidad del candidato presidencial de la coalición “Compromiso por México”, Enrique Peña Nieto. “Tenemos evidencia y testimonios para presentar a la Fepade, no nos podemos quedar de brazos cruzados, estamos ante unos hechos inusitados, pero muy graves. La única razón es el nerviosismo del PRI por la simpatía que tiene la gente hacia candidatos del PAN”, señaló el dirigente de Acción Nacional. A su vez, el presidente del PRD estatal, Juan Óscar Vázquez Chávez, expuso ante los representantes de los medios de comunicación que el fin de semana pasado varias personas que circulaban en una camioneta blanca entregaron cheques del gobierno estatal, por 500 y 900 pesos, en domicilios del municipio de Armería, y si no estaba el beneficiario dejaban un aviso de que fuera a recogerlo en la calle Sonora número 1 de la zona centro de esa localidad. De acuerdo con Vázquez Chávez, luego de investigar ese domicilio, el PRD pudo determinar que pertenece a María Elena Cruz Mendoza, hermana del diputado federal priista Carlos Cruz Mendoza, coordinador estatal de la campaña del candidato presidencial. En respuesta, la noche de este lunes el gobierno estatal emitió un comunicado en el que aclaró que la entrega de cheques de 900 y de 500 pesos forma parte de “acciones de gobierno perfectamente establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, que buscan beneficiar a las mujeres del estado que representen el principal soporte económico y se encuentren en situación vulnerable, así como para impulsar el proceso de alfabetización en adultos que lo requieren”. En el primer caso, detalló, se trata del programa Jefas de Familia, cuyo origen data de un compromiso de campaña asumido por el gobernador Mario Anguiano desde 2009, establecido en el PED 2009-2015 y cuyas primeras entregas a beneficiarias se realizaron desde 2010, una vez generados los padrones específicos, mismos que –agregó– se han depurando e incrementado en beneficio de dicha población con más necesidades. El gobierno estatal señaló que para la entrega de los apoyos mencionados, en ningún momento se solicitó exclusivamente la credencial de elector. “Se pidió que mostraran cualquier identificación oficial que acreditara que la beneficiaria es quien dice ser. Así, mostraron además, sin dejar copia, como documentos de validación de su personalidad, tarjetas del IMSS, actas de nacimiento, pasaporte y credencial del Inapam (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) antes INSEN. Se reitera: nunca se solicitó en exclusivo la credencial de elector, aunque sí se aceptó como medio de identificación a las jefas de familia que la presentaron”, puntualizó. Asimismo, negó que la casa ubicada en la calle Sonora número 1 de Armería sea el domicilio de la hermana del diputado Carlos Cruz, quien “fue acusada falsa y dolosamente por los dirigentes partidistas, y cuyo domicilio por cierto se ubica en Av. Juan Oseguera Velázquez”. En el caso del Programa “Sí puedo Leer y Escribir”, que entrega apoyos por 500 pesos para estimular la alfabetización en adultos y personas en situación vulnerable, y que entrega la Secretaría de Educación del gobierno del Estado, apuntó, “se trata de una meta también establecida en el PED 2009-2015, como una política pública mediante la cual el estado busca abatir el rezago en alfabetización”. Horas antes se conoció en Colima la noticia de que este lunes el diputado federal priista Miguel Ernesto Pompa Corella presentó en el Distrito Federal, ante la Procuraduría General de la república (PGR), una denuncia penal en contra del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Francisco Javier Mayorga Castañeda, por probable daño patrimonial a la nación del orden de 6.5 millones de pesos, con la presunción de que dichos recursos fueron desviados de programas sociales a campañas electorales. Según un comunicado del PRI, esos recursos fueron canalizados a la Asociación Civil Ciudadanos por Colima, que de conformidad con el Registro Público de la Propiedad y Comercio de Colima, preside la senadora panista con licencia Martha Leticia Sosa, candidata a diputada federal y coordinadora de campaña de Josefina Vázquez Mota en el estado. En respuesta, Sosa Govea rechazó la acusación y aseguró que desde hace más de cinco años dejó de presidir esa organización. Consideró que la denuncia forma parte de una campaña sucia de parte del PRI, para tratar de detener el crecimiento de los candidatos del blanquiazul.