Regresa a PGJ de Guerrero funcionaria destituida por "falta de probidad"

lunes, 14 de mayo de 2012
CHILPANCINGO. Gro. (apro).- El gobernador Ángel Aguirre Rivero anunció cambios en su administración, entre los que destaca la designación de Martha Elba Garzón Bernal como encargada de despacho de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), pese a que en 2009 fue destituida de la misma dependencia por “falta de probidad”. Entre los burócratas relevados están Rosalinda Aguirre Rivero y Ernesto Aguirre Gutiérrez, hermana y sobrino del mandatario, quienes estaban al frente del DIF y la coordinación de proyectos estratégicos del Ejecutivo, respectivamente. Los enroques y sustituciones se registran luego de que las empresas Televisa y TV Azteca emprendieron una campaña mediática en contra de Aguirre Rivero, a quien acusaron de presuntos actos de corrupción, nepostimo y violación a los derechos humanos. En respuesta, el gobernador aseguró que la acción del duopolio televisivo fue impulsada por un influyente empresario –cuyo nombre no reveló– que se molestó porque no se le adjudicó un contrato de 300 millones de pesos, para la instrumentación de cámaras de vigilancia en el puerto de Acapulco (Proceso 1854). Durante una entrevista con este semanario, que se difunde en la edición que circula esta semana, el mandatario señaló que los dueños de ambas las televisoras tratan a los gobernadores “como a sus gatos”… y finalmente cedió a la presión de la campaña del duopolio televisivo al anunciar este lunes la destitución de una veintena de familiares directos que fueron colocados en cargos estratégicos. En un acto realizado en el puerto de Acapulco, el gobernador informó sobre 10 enroques y sustituciones en diversas áreas, como la PGJ y la Secretaría de Seguridad Pública, así como en el sector educativo, el sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y su grupo de asesores. El primer movimiento en la administración de Aguirre fue la designación de Martha Elba Garzón Bernal como subprocuradora de Investigación y encargada de despacho de la PGJ, instancia que permanece acéfala desde hace seis meses, cuando el exprocurador Alberto López Rosas presentó su renuncia por el caso del asesinato de dos estudiantes durante un desalojo de normalistas al sur de esta capital, ocurrido el 12 de diciembre pasado. Garzón Bernal se desempeñaba como subsecretaria para Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. En febrero de 2010, la ahora encargada de despacho de la PGJ fue denunciada por su empleada doméstica de acoso sexual, y la funcionaria estatal reaccionó con una demanda por robo, que llevó a la cárcel a la trabajadora. El caso fue ampliamente difundido en esta capital, y los familiares de la trabajadora doméstica acusaron a Garzón Bernal de actuar con prepotencia y tráfico de influencias, debido a que ha ocupado diversos cargos públicos en la PGJ y la Comisión de Derechos Humanos local. Paradójicamente, se le conoce por su activismo a favor de la equidad de género. Y, por si fuera poco, en junio de 2009 el exprocurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, destituyó a Garzón Bernal del cargo que ocupaba en esa dependencia como Visitadora General, “por falta de probidad y desconsideración” con la dependencia. En respuesta, la mujer se quejó de “violencia laboral y trato déspota” de su superior. Otro movimiento anunciado por Aguirre este lunes fue el de su hermana Rosalinda Aguirre, quien se desempeñaba como directora del DIF estatal. En su lugar fue designada Sara Salinas Bravo, que trabajaba como secretaria particular de la esposa del mandatario, Laura del Rocío Herrera. El sobrino del gobernador, Ernesto Aguirre, fue sustituido por Carlos Marino Alarcón en el cargo de coordinador de proyectos estratégicos del Ejecutivo, en tanto que el actual secretario técnico del Consejo estatal de Seguridad Pública, Víctor Jiux, dejó el cargo a José Luis Patiño. Esta destitución ocurre en un contexto de protestas de agentes de la Policía Estatal, quienes denunciaron a Víctor Jiux de incurrir en diversos actos de corrupción.

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