CHETUMAL, Q. Roo (apro).- Por unanimidad, la Comisión de Justicia del Congreso local aprobó la procedencia de la solicitud de juicio político contra la alcaldesa de Tulum, la priista Edith Mendoza Pino, al considerar que reúne los elementos para iniciar una investigación sobre la presunción de los delitos de abuso de autoridad y desfalco de recursos públicos. La presidenta de la Comisión de Justicia, Patricia Sánchez, informó que en los próximos días se integrará la comisión instructora que se encargará de investigar los hechos denunciados por los regidores Silvia Lugo Flota y Bartolomé May en su solicitud de juicio político contra la edil. Los integrantes de la Comisión de Justicia, aclaró Sánchez Carrillo, consideraron que los elementos de prueba integrados en el expediente de la solicitud de juicio político son suficientes para iniciar el procedimiento correspondiente. La Comisión de Justicia, abundó, notificará formalmente a la Gran Comisión que se declaró procedente la solicitud de juicio político y posteriormente serán propuestos los integrantes de la Comisión Instructora que deberán investigar el caso. También se notificará a Mendoza Pino sobre la procedencia de la solicitud de juicio político en su contra, con el objetivo de que prepare elementos de prueba para su defensa. El presidente de la Gran Comisión, Eduardo Espinosa Abuxapqui, comentó al respecto que la actual legislatura actuará conforme a derecho, privilegiando un proceso justo para las partes involucradas. Esta es sólo una de las tres solicitudes de juicio político que en las últimas semanas ha recibido el Congreso en contra de la alcaldesa de Tulum, a quien se acusa de desviar por lo menos ocho millones de pesos del erario, además de haber creado presuntas empresas fantasma para favorecerla con contratos municipales. A lo largo de su administración, la funcionaria priista ha sido blanco de diversas protestas por parte de los trabajadores y uniformados del ayuntamiento. La más reciente por parte de trabajadores sindicalizados, quienes se plantaron durante varios días frente al palacio municipal porque la alcaldesa, sin previo aviso, decidió reducirles sus salarios y, peor aún, de manera retroactiva. Antes, los policías municipales se inconformaron con Mendoza Pino cuando la alcaldesa pretendió obligarlos a participar en el pasado carnaval bailando vestidos de rumberos, lo que los convirtió en objetos de mofas por parte de la ciudadanía al verlos ensayar. Además, durante las carnestolendas, contrató a un bailarín nudista para dar un espectáculo desde el balcón del palacio municipal. El de Mendoza Pino será el segundo procedimiento de juicio político que se ventila en el Congreso quintanarroense. El primero fue contra el exalcalde de Cancún, Juan Ignacio García Zalvidea.