GUANAJUATO, Gto., (apro).- Una juez local obtuvo un amparo contra sanciones que le impuso el Consejo del Poder Judicial del estado por medio de la Visitaduría.

El abogado defensor, Roberto Saucedo Pimentel,  denunció que el Consejo del Poder Judicial se convirtió en instrumento “para la persecución y hostigamiento a aquellos jueces que no son panistas o no son afines a los de arriba”.

Actualmente en el Consejo del Poder Judicial participan una exdiputada federal y local del PAN, así como una exlegisladora del PRI que favoreció a Acción Nacional en el voto para desechar la legalización del aborto en Guanajuato.

Diputados del PRI en el Congreso denunciaron la infiltración del PAN en el Poder Judicial del estado, particularmente bajo la presidencia de la magistrada Raquel Barajas Monjarás (entre 2008 y 2011) cuando, a iniciativa del exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, accedieron a las magistraturas reconocidos militantes de Acción Nacional, entre ellos el exdiputado José Miguel Cortés Lara y el excandidato a la presidencia municipal de la capital Daniel Chowell, y posteriormente las dos consejeras.

Otros dos magistrados son también conocidos militantes del PAN: Sebastián Barrera Acosta y Antonio Salvador García, exalcalde de San Francisco el Rincón.

Aunque la Visitaduría del Consejo fue creada por un acuerdo de este organismo en 2006, “fue durante el periodo de la magistrada presidenta Raquel Barajas cuando se dio pauta a que entrara gente de su confianza, cercana, como visitadores, así como panistas a los que se les dio empleo sin concurso ni carrera judicial”, detalló el abogado Roberto Saucedo Pimentel.

El Consejo del Poder Judicial de Guanajuato tiene atribuciones similares al Consejo de la Judicatura federal para la vigilancia y disciplina del personal y jueces del estado. Una de ellas es practicar visitas de inspección a los jueces para supervisar que cumplan con sus funciones y revisar su conducta “para determinar si el servicio de administración de justicia se presta adecuadamente”.

Actualmente, la Visitaduría está integrada por cinco visitadores, de los cuales al menos dos son militantes del PAN, como es el caso de Marisela Torres Serrano, quien fue síndico del ayuntamiento en Salamanca por ese partido.

Los visitadores, a diferencia del resto del personal judicial, no compiten o concursan por el puesto, sino que son contratados directamente por el Consejo. Cada uno tiene secretaria, vehículo y percibe un salario de casi 58 mil pesos al mes, más de lo que gana un juez de primera instancia.

El abogado denunció a Apro que una juez que fue amonestada mediante un proceso disciplinario impuesto por el Consejo del Poder Judicial  en 2010 -y ratificado por el pleno del Supremo Tribunal- tramitó un amparo al considerar que la Visitaduría es inconstitucional y se excede en sus atribuciones.

El defensor de la juez acaba de obtener un amparo definitivo del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Decimosexto circuito.

“La justicia federal protege a la juez contra el Acuerdo del Consejo que sirvió para crear la Visitaduría, y de aquí en lo sucesivo este órgano no podrá aplicarle nuevos procedimientos. Pero lo más importante, se está reconociendo que se trata de una figura inconstitucional”, explicó Saucedo Pimentel.

El amparo fue emitido el 12 de abril. La juez ya había interpuesto una inconformidad ante el propio Consejo del Poder Judicial y ante los magistrados, mismos que rechazaron su petición y ratificaron las sanciones. Y un juez de distrito tampoco aceptó modificar la sentencia.

Pero como ni la Constitución local ni la Ley Orgánica del Poder Judicial facultan al Consejo para crear autoridades como son los visitadores, “es evidente que el Consejo ha superado las facultades que originalmente le otorgó el legislador”, dice la sentencia definitiva que deberá acatar el Poder Judicial de Guanajuato.

“La Visitaduría cuenta con facultades y poder de coacción, y delegar esas facultades (por parte del Consejo) no está previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial”, dijo el abogado Saucedo, al explicar la sentencia del amparo.

El Tribunal Colegiado también rechazó la forma en que la Visitaduría califica las faltas de los jueces y personal como “leves” o “medianamente graves”, pues argumentó que no hay sustento legal para ello.

“Aquí es muy cuestionable el presupuesto que se ha destinado a mantener la Visitaduría; son recursos del erario y con esta sentencia de amparo pretendemos solicitar al Congreso que revise las atribuciones de los consejeros para que se corrija, pues es un mecanismo de acoso para ciertos jueces incómodos, y una forma de dar empleo a personas del PAN o incondicionales”, concluyó el abogado.