CAMPECHE, Camp. (apro).- El gobernador Fernando Ortega Bernés criticó la opacidad con que la alcaldesa panista Beatriz Sélem Trueba ha conducido el proceso de privatización del servicio de recolección de basura en la ciudad. Además, la conminó a abrir un canal de diálogo con los trabajadores municipales del departamento de Aseo Urbano que desde hace dos días permanecen en paro en la calle 8, frente al palacio municipal, en protesta por su inminente despido. Luego de que el gobernador pidió a la ciudadanía comprender el derecho que tienen los trabajadores de manifestarse “por la legítima preocupación que tienen de perder sus empleos”, ordenó a éstos recoger de inmediato los cargamentos de basura que ayer vaciaron a las puertas del ayuntamiento, ubicado en pleno centro histórico, frente a las sedes del Ejecutivo y el Legislativo. Asimismo, anunció que en tanto se resuelve el problema, la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado se encargará de recoger la basura de la ciudad con camiones prestados por empresarios. Ortega Bernés señaló que “con una gran preocupación hemos visto que se ha generado un deterioro en la comunicación entre las autoridades (municipales) y los trabajadores”. Y advirtió: “Yo quiero ser muy claro, y que no se confunda mi expresión: los trabajadores tienen derecho a manifestarse, pero no a perjudicar a la ciudadanía”. El mandatario aseguró que hasta las 3 de la mañana de hoy la Secretaría de Gobierno trató, sin lograrlo, de “establecer puntos de comunicación” entre las partes en conflicto. “Yo creo que ha faltado comunicación, y es imprescindible que ante las decisiones que el ayuntamiento ha tomado se genere información que permita que los trabajadores conozcan de manera directa los alcances”, sostuvo. El gobierno del estado, apuntó, continuará tratando de mediar para solucionar el problema. “Voy a recibir a una comisión de los trabajadores con el propósito de pedirles respetuosamente, pero también enérgicamente, que no rompan los espacios de comunicación con las autoridades municipales”, dijo, y destacó la necesidad de que la alcaldía informe a la ciudadanía y a sus trabajadores los alcances de sus decisiones. Además, Ortega Bernés admitió que el gobierno estatal tampoco conoce a fondo el proyecto de concesión de basura del ayuntamiento. “Son temas que hay que analizarlos con sus ventajas y sus desventajas y creo, aquí insisto, creo que ha faltado, y lo tengo que decir con la más absoluta sinceridad, suficiente información. “Yo como gobernador recibí el comentario de cortesía de la alcaldesa, en el sentido de informarme de que se pretendía realizar una concesión del relleno sanitario. Me generó información, pero jamás se me comentó el contenido y los alcances de una decisión que ahora bien a bien, si no la conocemos, pues tampoco podemos opinar con la suficiente certeza”, expresó. El gobernador aprovechó la ocasión para quejarse de la “condición de intransitabilidad” en que están las calles de la ciudad y señaló que hasta ahora no ha podido comunicarse con la alcaldesa Beatriz Sélem. “Hoy temprano traté de hablar con la presidenta municipal y no pude; a las tres de la mañana traté de hablar en varios momentos con el secretario del Ayuntamiento para propiciar que se genere un punto de encuentro y, bueno, no hay respuesta, entonces no puede ser… frente a los problemas hay que construir opciones de comunicación”, agregó. Además del paro de labores, los trabajadores de limpia entregaron ayer, en el Congreso local, una solicitud de juicio político contra la alcaldesa, a quien acusan de comprometer las finanzas del ayuntamiento por las próximas cinco administraciones, pues el contrato de concesión es por 15 años, “durante los cuales se pagarán 4 millones de pesos diarios” a la empresa regiomontana Red Ambiental, sostuvieron. De acuerdo con el líder gremial, Manuel Bonilla, "(Sélem) primero dijo que concesionaría el relleno sanitario, pero de sorpresa nos sale con que no será sólo el relleno, sino también el servicio de recolección de basura y que seríamos liquidados". Añadió: “Ella está por terminar su período pero no tiene problema, (pues) su familia tiene recursos para mantenerse, pero nosotros si perdemos el empleo no tenemos con qué mantener a la familia”. En contraparte, el secretario de la Comuna, Fernando Calderón Villalobos, inició sendos procesos legales ante la Procuraduría local y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) contra los trabajadores de Aseo Urbano que participan en la protesta, por el “secuestro” de instalaciones municipales y de camiones recolectores, y por supuestas amenazas y agresiones a sus jefes. “Son aproximadamente 170 empleados que no se presentaron a trabajar a sus áreas de aseo urbano, por lo tanto no tienen la disposición de dar el servicio de recolección de basura”, dijo. Detalló que se dio parte a la JLCA sobre las actas administrativas que se levantaron contra 73 trabajadores sindicalizados y 97 eventuales por no haberse presentado a trabajar, y sostuvo que su paro de labores es ilegal.