OAXACA, Oax. (apro).- El secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, admitió que no está satisfecho con el trabajo que hace el gobierno estatal, pues aún persisten 42 conflictos municipales, nueve poselectorales y 30 asuntos agrarios de alta prioridad que han dejado ya 20 muertos, dijo. Durante su comparecencia ante el pleno de la LXI legislatura local, donde fue cuestionado porque el gobierno del que forma parte no ha tenido resultados tangibles, el funcionario estatal subrayó: "No estoy satisfecho del actual desempeño que hasta hoy tenemos. Sí están fallando muchas cosas, pero hay que buscar el origen de por qué están fallando. Somos los servidores públicos que quienes no hemos tenido la capacidad de poder atender oportunamente los problemas, o es la falta de coordinación interna, o hace falta vocación de servicio en todas las áreas. Yo en lo personal no estoy satisfecho", puntualizó. "La gobernabilidad de Oaxaca depende de todos los actores sociales y no sólo del gobierno", agregó, sin embargo –dijo – "hay injerencias ajenas y externas que complican mucho los conflictos". Martínez Álvarez admitió que de acuerdo con una evaluación que realiza la gubernatura, se certificó que la Secretaría General de Gobierno tiene 72% de cumplimiento en su trabajo. Al presentar un informe detallado de los conflictos municipales, mencionó que de los 159 que existían al inicio de la actual administración, ya se han solucionado 117. En cuanto a conflictos poselectorales, detalló que de los 85 casos derivados de anulación de elecciones, inelegibilidad o enfrentamientos, 74 han quedado resueltos, cuatro están en vías de solución y en el resto hay diálogo constante. Respecto de los conflictos agrarios, aceptó que existen más de 470 casos en la entidad, de los cuales 30 son prioritarios y seis son considerados "focos rojos". En cuanto a la defensa del territorio de Los Chimalapas, el funcionario estatal afirmó que el gobierno de Oaxaca tiene los instrumentos jurídicos, la vocación y la convicción de pelear por la defensa del territorio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que los pueblos zoques conserven lo que por ley les corresponde. Martínez Álvarez hizo hincapié en que "desde hace años sobrevuela en territorio oaxaqueño el fantasma del conflicto, y es consecuencia de la falta de acuerdos a tiempo y de acciones oportunas, pero también puede ser producto, y de hecho lo es, de actos intencionales, de artificios, de acciones dolosas que se realizan con el propósito de dividirnos y de impedir el avance de Oaxaca", apuntó. Por ello, demandó estar atentos en lo que respecta a los conflictos, porque pueden tener su origen en demandas legítimas o bien porque se fraguan con mala fe, “inspirados únicamente por intereses de grupos a los que no importa el bienestar general de la población y no tienen reparo en propiciar enfrentamientos donde debe prevalecer la concordia”, sostuvo. Insistió: "Oaxaca no puede ser rehén de estos intereses. Hay que estar por encima de éstos y actuar en función de los intereses más altos de nuestro estado". De acuerdo con el diputado priista Daniel Cuevas Chávez, no hay estrategias para resolver la problemática agraria, porque prevalece el caos y los indígenas están en el desamparo. “Es necesario limpiar la casa y que la Secretaría General de Gobierno tenga más seriedad", dijo, y preguntó a Martínez Álvarez: "¿Puede usted con la defensa de la soberanía de Oaxaca en el caso Chimalapas?". En su turno, el diputado perredista Francisco Martínez Neri, quien preside la Mesa Directiva de la LXI Legislatura, recordó al funcionario estatal que la gobernabilidad es un compromiso de la administración de Gabino Cué Monteagudo que todavía no ha tenido resultados tangibles en Oaxaca. "Los conflictos en el estado, las manifestaciones públicas con signos de inconformidad social, los bloqueos de calles y en general las condiciones en que se desarrolla la vida social dan cuenta de un manejo insuficiente de la política interior", apuntó. En respuesta, Martínez Álvarez urgió en la necesidad de firmar un acuerdo de civilidad con todos los sectores y pidió un Congreso estatal más demandante y una sociedad más participativa. Tras ello, el legislador perredista Guillermo Bernal García preguntó qué despacho fue contratado para llevar el asunto jurídico en el caso Chimalapas y si ha sido de utilidad para alcanzar los objetivos. En respuesta, el secretario general de Gobierno manifestó que en la dependencia que dirige no hay ninguna irresponsabilidad ni beneficio indebido al contratar a un despacho que "no ha cobrado ni un sólo peso por llevar el caso". Sin embargo, reconoció que deberán pagarse dos millones de pesos al despacho de Pedro Alberto Nava Malagón por las tres controversias constituciones que interpusieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente desechó por improcedentes. Martínez Álvarez también resaltó que el gobierno de Cué propuso un Acuerdo de Gobernabilidad y Concordia, cuyo objetivo es establecer compromisos mutuos entre la sociedad y el gobierno, pero sobre todo contribuir a crear una nueva cultura de convivencia social, basada en el diálogo, la búsqueda de acuerdos y el bien común. Dicho acuerdo fue cuestionado por el legislador priista Elías Cortes, quien sostuvo que no hay voluntad política de los partidos políticos ni de quienes encabezan el gobierno de Oaxaca para que haya una transición democrática, y tampoco –agregó– hay un diseño jurídico para las reformas secundarias que necesita la entidad. "No hay estructura administrativa acorde con las necesidades de la ciudadanía para que pueda encauzar la solución de la problemática de los pueblos y no existe transición democrática, sólo alternancia de ideologías políticas en el ejercicio del gobierno", puntualizó. El priista resaltó que "en la firma de los pactos de gobernabilidad no están quienes llevaron al poder a Gabino Cué Monteagudo".