TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) acusó a la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJE) de utilizar la tortura como un “método de investigación policial”. El Frayba declaró lo anterior al denunciar la supuesta tortura de la que fuer víctima Wilber Cortés Acosta el 22 de enero de 2011 por parte de policías especializadas, luego de haberlo privado arbitrariamente de su libertad. Expuso que si bien el caso data del año pasado, apenas hace unos meses el caso llegó a sus oficinas, por lo que se tomó un periodo para indagar minuciosamente la denuncia interpuesta por Cortés Acosta. De acuerdo con datos proporcionados al Frayba, el 22 de enero de 2011, aproximadamente a las 23:00 horas, la policía especializada adscrita a la Fiscalía de Distrito Selva, ingresó de manera violenta al domicilio de Wilber Cortés Acosta, y luego de golpearlo y detenerlo frente a su hijo menor de edad –detalló– “me subieron a la camioneta, me pegaron en las costillas, uno sacó un aparato y me dio toques eléctricos en la espalda”. Según lo documentado, la víctima refiere que fue trasladado con los ojos vendados y las manos amarradas a un lugar desconocido, donde continuaron golpeándolo. Hasta ese momento, dice, no tenía claro de que delito lo acusaban. Tras ello, Cortés Acosta fue trasladado a la Guarnición de la 38 Zona Militar, en la ciudad de Palenque, donde le asestaron varias patadas en el estómago y la cara, así como toques eléctricos en la espalda y los testículos, “pero cuando me dieron los toques eléctricos en el cuello fue cuando caí desmayado”. Según el testimonio, los torturadores le preguntaban si había participado en asaltos a camiones o en algún secuestro. Al negar cualquier participación en hechos delictivos, Wilber fue llevado a un baño, donde intentaron asfixiarlo con agua en la nariz y en la boca. Ya sin la venda en los ojos, la víctima pudo reconocer el lugar donde se encontraba, mientras le exigían que firmara unos documentos. “Como no quise firmar, me dieron toque eléctricos en la espalda”, indica. La tortura, según la información con la que cuenta el Frayba, se extendió hasta el 23 de enero, día en que la víctima fue expuesta a los rayos del sol por un largo periodo y luego trasladada a la agencia del Ministerio Público en Palenque, donde continuaron golpeándolo y lo amenazaron de matar a su familia. Fue en ese lugar donde sus familiares pudieron acercarse a Wilber y observaron las lesiones que presentaba, por lo que dieron parte a la Visitaduría del Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la ciudad de Palenque, que dio fe de la situación y mediante constancia médica verificó las lesiones. Según una valoración médica independiente, a Wilber se le aplicaron diversos métodos de tortura: golpes, toques eléctricos, privación sensorial, posición forzada, asfixia, amenazas de muerte a su familia y humillación, entre otras técnicas psicológicas para destruirlo psíquica y mentalmente. Durante el trabajo de documentación que realizó el Frayba, pudo identificar como responsables de esos hechos a elementos del Ejército Mexicano destacamentados en la Guarnición Militar de Palenque, en la 38 Zona Militar. Detalló que en las torturas participaron Luis Alberto Méndez Hernández (jefe de grupo), Javier Hernández Cancino (agente) y Guillermo Gordillo López (comandante regional zona selva), todos agentes de la policía especializada. También señala como responsables al fiscal del Ministerio Publico de la Mesa de Trámite No. 05, Marco Antonio Burguete Ramos, de la Fiscalía de Distrito Selva, así como al Médico legista José Zetina Sánchez, de la Subdirección de Servicios Periciales Zona Selva, y a Luis Llaven Abarca, en ese entonces fiscal de Distrito y actual delegado de la Procuraduría General de la República en Chiapas. “Es importante mencionar que tanto Wilber como su familia no denunciaron los hechos a otra instancia porque esperaban que el CEDH realizara alguna acción en contra de los perpetradores de la tortura, sin embargo, a dicho de los familiares, esa institución pública no realizó acción alguna. Así también Wilber y su familia tienen temor de actos en contra de su vida, libertad, integridad y seguridad personal por denunciar estos hechos”, puntualizó el Frayba. Indicó que actualmente Wilber se encuentra detenido en el Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 17, acusado como probable responsable del delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de plagio o secuestro y delincuencia organizada. El Frayba condenó el uso reiterado de la tortura como método de investigación policial, y denunció que estos actos se han convertido en un modus operandi de las policías y fiscales del estado de Chiapas que “combaten al crimen organizado”. La policía estatal, añadió, se ha convertido en “profesionales de la tortura, para justificar su trabajo precario y deficiente en cuanto a la investigación judicial, vulnerando los derechos humanos de las personas a quienes se les cometen crímenes de lesa humanidad, tal como lo refieren instrumentos internacionales signados y ratificados por el Estado mexicano”. Por ello, el Frayba pidió a la PGJ aplicar la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el estado de Chiapas, y dar cumplimiento a los instrumentos internacionales de derechos humanos en la materia. Además, que se investigue y sancione a los servidores públicos involucrados en los hechos de tortura y los que estuvieron encargados de la detención de Wilber Cortés Acosta, pero sobre todo que se protejan y garanticen los derechos a la seguridad e integridad personal de la víctima y sus familiares.