CHILPANCINGO. Gro., (apro). La detención de un dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acusado de privación ilegal de la libertad provocó la retención de cuatro funcionarios del sistema de procuración y administración de Justicia, entre ellos un juez de primera instancia y un agente del Ministerio Público del fuero común en la región de la Costa Chica de la entidad. Al respecto, el gobierno estatal hizo un llamado a los dirigentes de la Crac para que este conflicto se resuelva mediante el diálogo con el propósito de “retomar la tranquilidad” del municipio de San Luís Acatlán. Esta confrontación se generó ayer por la mañana, cuando agentes de la Policía Ministerial detuvieron a Maximino Tranquilino Santiago,  coordinador de la Casa de Justicia de la Crac en San Luís Acatlán. Tranquilino Santiago enfrenta una denuncia por privación ilegal de la libertad en contra de dos mujeres indígenas de la comunidad de Yoloxóchitl, quienes el año pasado fueron detenidas y encarceladas por insultar al comisario municipal, informaron miembros de la Crac. En respuesta, policías comunitarios detuvieron al juez mixto de Primera Instancia, Filomeno Vázquez Espinoza, a su secretario de acuerdos, José Luís Bernabé González, así como al agente del Ministerio Público del fuero común Omar Sandoval León y un auxiliar identificado con el nombre de Napoleón Hernández Garibo. Los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia en la entidad y de la Procuraduría local retenidos en San Luís Acatlán integraron la averiguación previa y libraron la orden de aprehensión contra el dirigente de la Crac, refirieron los miembros de la organización social consultados. Los cuatro funcionarios fueron trasladados a diferentes comunidades bajo resguardo de la policía comunitaria y se espera  que esta tarde se realice una asamblea popular en la cabecera de San Luís Acatlán para definir la situación de los retenidos. Al respecto, Pablo Guzmán Hernández, integrante del consejo directivo de la Crac, llamó al gobierno estatal a respetar los usos y costumbres de los pueblos indígenas, así como el sistema de justicia comunitario que se aplica en varios municipios de las regiones de Costa Chica y Montaña, al margen del sistema de procuración y administración de Justicia oficial.