CHILPANCINGO. Gro. (apro).- El Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan anunció la reincorporación del abogado y activista Vidulfo Rosales Sierra, quien en mayo tuvo que abandonar el país debido a presiones y amenazas de muerte que recibió por el caso Ayotzinapa. Al respecto, decenas de organizaciones nacionales e internacionales alertaron nuevamente al gobierno estatal sobre la situación de riesgo que enfrentan los defensores de derechos en Guerrero y lamentaron persista la impunidad en el caso de Rosales Sierra. Lo anterior, durante una reunión que sostuvieron activistas y el gobernador Ángel Aguirre Rivero esta tarde en la residencia oficial Casa Guerrero, al oriente de esta capital, donde los defensores de derechos humanos demandaron al Ejecutivo esttal asumir medidas concretas e inmediatas de protección para el abogado y el equipo de trabajo de Tlachinollan. Durante el encuentro, el director de Tlachinollan Abel Barrera Hernández recordó que, a finales de mayo, el abogado Vidulfo Rosales recibió una amenaza en un escrito anónimo: “Licenciadito de mierda, deja de difamar a las autoridades, ya nos debes varias, en todo te metes La Parota, las disque mujeres violadas y ahora con los vándalos ayotzinapos cállate […] te vas a morir”. En respuesta, el mandatario asumió el compromiso de garantizar la seguridad de los activistas de la entidad y planteó la necesidad de crear una agenda en materia de derechos humanos. Al respecto, Barrera Hernández manifestó la preocupación de los activistas, debido a que durante la administración de Aguirre Rivero se han registrado hechos contrarios al respeto de la labor civil de los defensores de derechos, y refirió el caso del abogado Vidulfo Rosales, así como la desaparición forzada de los dirigentes de la organización de ecologistas de la Sierra de Petatlán, Eva Alarcón y Marcial Bautista. También destacó el encarcelamiento del líder indígena na savi Maximino García Catarino y la represión contra los estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Durante casi tres meses, Vidulfo Rosales permaneció en el extranjero y se convirtió en el segundo activista que tuvo que salir del país por hostigamiento; el 16 de mayo, el sacerdote Alejandro Solalinde, fundador del albergue Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca, tuvo que salir del país ante la falta de condiciones para desarrollar su trabajo. Vidulfo Rosales es beneficiario, junto con 106 defensores de derechos humanos en Guerrero, de medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) al Estado mexicano en 2009. Rosales Sierra ha sido pieza clave en la defensa de casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos que, incluso, han llegado hasta la Coidh, como los de las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega. Tras permanecer en el extranjero, Vidulfo Rosales regresó a Guerrero para insistir en su demanda de que se garantice la seguridad de todos los defensores de derechos humanos de la entidad, refiere un comunicado firmado por decenas de organismos no gubernamentales.