EMILIANO ZAPATA, Ver. (apro).- Con palos, machetes y cohetones, medio centenar de invasores de tierras evitaron que las fuerzas del orden y empleados del Poder Judicial los desalojaran de terrenos ocupados en la colonia irregular Santa Lucía, municipio de Emiliano Zapata. Bajo una pertinaz llovizna, el operativo tuvo que ser suspendido luego de que el actuario Carmelo Delgado estimó que no había las  garantías necesarias para preservar la integridad física de un grupo de colonos que intentaban recuperar alrededor de 20 predios por órdenes del Juzgado Primero, con base en la resolución de los juicios 248/2011 y 479/2010. Aunque los policías iban preparados con escudos antimotines, armas de alto poder y toletes, la furia de los invasores de tierras impidió que cumplieran con el mandato judicial. La consigna de los invasores, quienes también fueron timados por una venta fraudulenta realizada por líderes del PRI y funcionarios municipales, fue clara: “Entren, bajo su propia responsabilidad, pero si entran habrá baño de sangre”. Los colonos recibían órdenes a través de radios de intercomunicación de su líder Juventino Varela, quien gritaba sin empacho: “¿Córranme a los policías de aquí, no dejen entrar a los reporteros, ni a los del juzgado; no pasa nadie”. Este mismo líder ha dado la cara en otras ocasiones para señalar que quienes hoy viven en la irregularidad fueron defraudados hace dos años por exfuncionarios del municipio de Emiliano Zapata, identificados como Martín Álvarez y Jesús Villa (ambos secretarios del Ayuntamiento), quienes les vendieron “cesiones de derechos”, en 10 mil, 20 y 30 mil pesos en terrenos que ya tenían dueño. Abortado el desalojo, los policías ni siquiera pudieron entrar a la manzana donde se realizaría el desalojo. Después de dos horas de discusiones inútiles, la apoderada legal de los legítimos propietarios, Pía Salazar, y los vecinos que frustraron la recuperación de sus terrenos acudieron a la Agencia Séptima de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Ahí, la denuncia, recibida por el agente Francisco Javier López Pérez, fue puesta en contra de los policías que se negaron a llevar a cabo el desalojo, así como del actuario del Juzgado Primero, Carmelo Delgado, por desacato a la ley y negligencia para efectuar el desalojo y no detener a los responsables de bloquear un terreno con propietarios. Sin embargo, López Pérez se negó a recibir a todos los denunciantes. Al acusar exceso de trabajo, advirtió que sólo atendería cuatro diligencias; a los demás les dijo: “Vénganse otro día, con más calmita”. Santa Lucía es un polígono de 40 hectáreas de predios ejidales que con la participación de funcionarios estatales y municipales de Emiliano Zapata fueron parcelados y vendidos en pequeños terrenos. Los mismos lotes se vendieron hasta tres veces. En esa espiral de corrupción, un grupo de invasores, identificados con el PRI, parceló la tierra y se la adjudicó ilegalmente. Hace dos años, Santa Lucía era la misma colonia irregular, pero tenía el nombre de “Fidelidad”, en alusión al principal programa social del gobernador Fidel Herrera; sus calles tenían el nombre de políticos veracruzanos afines al PRI: La avenida principal se llamaba Rosa Borunda de Herrera, la paralela recibía el nombre de Fidel Herrera Beltrán; otras calles tenían el nombre de Reynaldo Escobar Pérez, Ricardo Ahued Bardahuill y Elizabeth Morales García, entre otros.