XALAPA, Ver. (apro).- Por segundo día consecutivo, familiares de los cuatro civiles abatidos por militares el pasado 28 de noviembre y de los ocho policías desaparecidos desde el viernes 11, exigieron justicia a las autoridades estatales. Los manifestantes se concentraron primero en el estacionamiento del Palacio de Gobierno y, posteriormente, en la entrada principal, con el fin de presionar al gobierno de Javier Duarte para que intensifique la localización de los policías desaparecidos. “El viernes hablé con mi marido, ya no regresó, estoy desesperada. Sólo quisiera que nos ayudaran a encontrarlos, saber si están vivos o no, pero tenerlos con nosotros”, expresó a los reporteros Obdulia Casas, esposa del oficial Samuel Perdomo. Familiares del resto de los policías municipales de Úrsulo Galván comentaron que jamás notaron un comportamiento extraño en los oficiales; incluso, aseguran que ellos y sus familias vivían en condiciones modestas. “Queremos que el gobierno nos ayude a encontrarlos, necesitamos una esperanza de que están vivos y, si no, que nos los regresen sea como sea”, imploraron. Debido a la desaparición de ocho oficiales de este pequeño ayuntamiento, el resto de los policías adscritos a la corporación, unos 11 uniformados, ya no se presentó a trabajar desde el lunes pasado. Luego del plantón en el Palacio de Gobierno,  el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, se reunió con las viudas de las cuatro víctimas de Ixhuatlán del Café y con las esposas y hermanos de los ocho agentes desaparecidos en Úrsulo Galván. Marina toma el control La Secretaría de Marina-Armada de México asumió, junto con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, la seguridad pública en la localidad. “Estamos muy angustiados, Juan Carlos tiene tres hijos, dos de ellos chiquitos y, al igual que los demás, desde el viernes perdimos contacto con él”, expresó Julio Montero, hermano de uno de los uniformados desaparecidos. Y en el caso de las esposas y familiares de Jesús Juárez, José Raúl Fernández Ortiz, Luis Vargas Piña y Ángel Piña Teodoro, presuntos Zetas abatidos por militares, se entrevistaron con Buganza y Mireya Toto, directora de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas del Delito, para exponer la inocencia de los muertos y exigir se inicie una investigación que limpie el nombre de los cuatro habitantes de Ixhuatlán del Café. El lunes 14, los familiares de los civiles abatidos realizaron bloqueos viales para exigir una reunión con las autoridades estatales. Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el gobierno de Javier Duarte, los abatidos intentaban rescatar el cadáver de Ángel Enrique Uscanga, El Pokemón, líder de Los Zetas en la entidad, caído unos días antes y resguardado en una agencia funeraria del lugar. Después de protestar en el panteón municipal el día que sepultaron a sus esposos y dar su versión a la revista Proceso (1889) sobre los hechos, las viudas de Ixhuatlán demandaron que el gobierno estatal y la Sedena admitan que incurrieron en un error; además, reclamaron se indemnice a siete de los huérfanos. En el comunicado 211, el gobierno estatal destacó que el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza, “escuchó” las inquietudes y reclamos de las familias sobre las investigaciones puestas en marcha. En el documento se destaca que las desapariciones de policías y la investigación sobre los cuatro presuntos Zetas abatidos, “se reiteró” a los familiares que ambos casos están en manos de la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ).