VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Tres directores de hospitales de alta especialidad, de los cinco que se encuentran en crisis, fueron destituidos de sus cargos por violación “clara y directa” a  ley de adquisiciones, informó esta noche el recién estrenado gobierno de Arturo Núñez Jiménez. Se trata de los médicos Humberto Azuara Forcelledo, Luis A. Ojeda Jiménez y Gonzalo Neme Díaz, quienes hasta hoy fungieron como directores de los hospitales “Juan Graham Casasús”, “Gustavo A. Rovirosa” y del Niño “Rodolfo Nieto Padrón”. El gobierno del estado informó que la decisión de tomó de acuerdo con el expediente D-060/2012 emitido el 31 de diciembre del 2012 por la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de Contraloría y conocido el 1 de enero por el nuevo secretario de Salud, doctor Ezequiel Toledo Ocampo. “Los tres exdirectores de los hospitales referidos incurrieron en irregularidades en los procesos de adquisición de insumos y servicios, acciones que conllevaron a un adeudo con proveedores que rebasa los 221 millones de pesos”, indicó el gobierno estatal. Explicó que conforme a las auditorías aplicadas por la instancia correspondiente, en la adquisición de insumos y servicios los exdirectores quebrantaron lineamientos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del estado, e hicieron compras sin que estuvieran soportadas con un techo presupuestal. Las operaciones se efectuaron sin apegarse a los procesos correspondientes, toda vez que se asignaron bajo la denominación “de compra directa”, lo que es contrario a lo que establece la norma en la materia. Lo anterior provocó adeudos por 72 millones 425 mil 439 pesos en el hospital “Juan Graham Casasús”; 83 millones 743 mil 7 pesos en el “Gustavo A. Rovirosa”; y 64 millones 922 mil 927 pesos en el del niño “Rodolfo Nieto Padrón”. En el comunicado el gobierno del estado aclaró que si bien la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría establece “que no hubo desvío de recursos ni se cometió daño patrimonial, sí se violó la normatividad correspondiente”. Sin embargo, independientemente de que exista justificación de la actuación desplegada, no pasa inadvertida la trasgresión directa al artículo 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, “ya que si bien obraron por una causa incluso establecida en la Constitución federal en su numeral 4, la normatividad exige que las conductas de los servidores públicos se ajusten a las Leyes en la materia”, precisa el texto. Reiteró el compromiso del gobierno del estado con la legalidad y su firme interés de resolver “la situación adversa que atraviesa el sector Salud”. Los otros dos hospitales con graves problemas financieros, el de la Mujer y el Psiquiátrico, se encuentran también en revisión.