PUEBLA, Pue. (apro).- El gobierno de Rafael Moreno Valle desatendió el amparo concedido por el Juzgado Cuarto de Distrito a un grupo de inconformes que solicitó la suspensión de los trabajos del teleférico, y este lunes continuó con las obras en el Centro Histórico y en la zona de Los Fuertes, pese a que no existen los permisos correspondientes. El Comité Defensor del Patrimonio Histórico, Cultural y Ambiental de Puebla, junto con la Fundación Manuel Toussaint, informaron que dentro del incidente 1962/2012, la juez Yolanda Vázquez Rebollo ordenó suspender las obras hasta la audiencia que se realizará mañana, donde ambas partes presentarán pruebas. En rueda de prensa, las académicas Rosalva Loreto, Ana María Answell y Monserrat Galí, representantes de las agrupaciones mencionadas, aseguraron que la obra que emprendió el gobierno poblano carece del permiso de uso de suelo emitido por el ayuntamiento, así como de la autorización por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (IHAH). Para construir una de las terminales del teleférico, el gobierno de Moreno Valle ordenó derrumbar una residencia del siglo XVII conocida como Casa del Torno, localizada en el Barrio del Artista, que estaba incluida en el Catálogo de Inmuebles Protegidos (publicado el 18 de noviembre de 1977 en el Diario Oficial de la Federación). Además, los académicos e investigadores han advertido que las estructuras del teleférico, que superan los 80 metros, rebasan los márgenes de las alturas permitidas para cualquier construcción dentro del Centro Histórico. “Esto afectará significativamente un paisaje que ha sido uno de los fundamentos para declarar a Puebla como Patrimonio Cultural de la Humanidad”, aseguraron las agrupaciones. Tanto el INAH como voceros del gobierno estatal señalaron que la destrucción del inmueble fue resuelta por un acuerdo entre ambas instancias, en el sentido de que la casa sería reconstruida una vez que se acabe de edificar la torre para la terminal del teleférico. No obstante, los académicos aseguran que este supuesto arreglo no resuelve la ilegalidad en la que incurrió el gobierno estatal, además de que es imposible que una casa del siglo XVII pueda ser restituida, por lo que el daño causado al patrimonio de Puebla es “irreparable”.