COLIMA, Col. (apro).- Frente al conflicto social que ha generado el proyecto del túnel ferroviario de Manzanillo, el dirigente estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Vladimir Parra Barragán, exigió que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) escuche el punto de vista de la población, a través de una consulta pública, sobre el trazo de esa obra en la que se proyecta una inversión de 933 millones de pesos. Advirtió que la ruta sobre la que se iniciaron los trabajos preliminares –en julio pasado– forma parte de un proyecto decidido unilateralmente por la SCT, sin considerar los daños que serán ocasionados a la ciudad, pese a que existen cinco opciones más que resultan menos perjudiciales para la población. Parra Barragán dijo que como parte del acompañamiento de Morena a las organizaciones que se oponen al diseño actual de la obra, la diputada federal Loretta Ortiz Ahlf promovió un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para solicitar una auditoría del proyecto, recientemente turnado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El documento contiene un exhorto a la ASF “a realizar una auditoría de cumplimiento financiero y una auditoría de desempeño al proyecto ‘Túnel ferroviario’, en Manzanillo, Colima, dado que en su realización se ejercen recursos públicos federales”. De acuerdo con la legisladora, el proyecto activó un conflicto social en Manzanillo, pues además de realizarse en situaciones irregulares, violando el marco de los reglamentos municipales, presenta una serie de deficiencias que repercutirán directamente en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. El propio ayuntamiento de Manzanillo, encabezado por el panista Virgilio Mendoza Amezcua, ha reconocido que la licencia le fue otorgada a la SCT sin que ésta cumpliera con los documentos y requisitos establecidos en la ley, al grado de que en 2012 clausuró temporalmente los trabajos, que fueron reiniciados en julio pasado sin haber cumplido todos los requerimientos. En tanto, la viabilidad de obra fue cuestionada por una comisión plural de regidores del Cabildo manzanillense, que en un estudio llegó a la conclusión de que generará serios problemas de movilidad a la población, así como de seguridad pública a los habitantes de las colonias vecinas, y afectará a los comercios del centro histórico de la ciudad. Según Vladimir Parra, no se ha preguntado a la población qué tipo de desarrollo quiere para Manzanilllo, sino que simplemente se le han impuesto “de manera impune” una serie de proyectos económicos e industriales que terminarán por afectar la vocación turística del puerto. “La gente ya está harta de que la planeación de los proyectos se defina con base en los compadrazgos, al amiguismo y ligados a situación de posible corrupción”, puntualizó Parra.