Proyecto turístico afecta a comunidad indígena en Chihuahua

lunes, 14 de octubre de 2013
CHIHUAHUA, Chih., (proceso.com.mx).- La Secretaría de Economía estatal negó información a un grupo de indígenas rarámuri sobre el proyecto turístico Barrancas del Cobre, aun cuando son los principales afectados por la obra y forman parte de dicho fideicomiso. Los indígenas enviaron una solicitud de información al Sistema Infomex, dirigida al fideicomiso Barrancas del Cobre y la Secretaría de Economía. Sin embargo, su petición no fue respondida. Previamente, el 23 de agosto los representantes de las comunidades preguntaron los detalles del proyecto turístico, condición indispensable para iniciar una relación de confianza y le entregaron a gobierno estatal las propuestas y modificaciones de las reglas de operación del Consejo Consultivo. Los funcionarios se comprometieron a entregar la información pública, analizar las propuestas y devolverlas en un plazo de quince días para que a su vez fueran revisadas por las comunidades y llegar a la siguiente reunión con mayor consenso. Sin embargo, la respuesta por transparencia fue que la solicitud de las comunidades era información reservada. Representantes de las comunidades indígenas de Huitosachi, Bacajipare, Mogotavo y Repechique, así como un representante de la Diócesis de la Tarahumara, el presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y personal de las asociaciones Tierra Nueva y Consultoría Técnica Comunitaria externaron su preocupación por la falta de respeto de los integrantes del fideicomiso. Las comunidades y representantes de las instituciones y organizaciones solicitaron a las autoridades detener las obras del proyecto por la falta de consulta; informar al gobernador la necesidad del respeto a la autonomía de los territorios de las comunidades indígenas, porque el gobierno no ha demostrado tener buena fe ni voluntad de diálogo y entendimiento. Recordaron que existe un decreto de constitución del fideicomiso desde 1996, así como la sentencia de la SCJN, que les ordena que cumplan y respeten los derechos de los pueblos indígenas.

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