OAXACA, Oax. (apro).- El Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) dio a conocer hoy que el caso del niño Jonathan Torres, ejecutado el 10 de septiembre pasado en Santiago Amoltepec, ya se encuentra en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El presidente del organismo, Mauricio Santiago Reyes, precisó que los familiares del pequeño de nueve años tuvieron que recurrir a la CIDH ante la “ineptitud” del gobierno de Gabino Cué para esclarecer el crimen. Asimismo, dijo, se solicitaron medidas cautelares a favor de la familia de Jonathan, para que el Estado mexicano se comprometa a investigar y se aplique todo el peso de la ley a los responsables materiales e intelectuales del abominable asesinato. “Es muy triste y lamentable lo que está pasando en Santiago Amoltepec”, manifestaron los familiares del menor, quienes lanzaron una pregunta a Gabino Cué: “¿Cuántas muertes necesita para que en Amoltepec exista la tranquilidad?”. Anteriormente, en una carta dirigida al mandatario estatal y al procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, subrayaron que el pueblo de Santiago Amoltepec “está indignado” por el cobarde asesinato de Jonathan, pero también –dijeron– les irrita “la falta de voluntad que tienen los servidores de administrar la justicia para dar con los responsables del homicidio y dar solución a los múltiples problemas de carácter político que se viven” en esa población de la Sierra Sur. De igual manera, resaltaron que en estos casi tres años de administración del alcalde Pedro Luis Jiménez Hernández, “impuesto” por el entonces secretario de Gobierno del estado, Jesús Martínez Álvarez, se han cometido más de 50 asesinatos, de los cuales 20, aproximadamente, corresponden a gente supuestamente relacionada con el crimen de Luis Jiménez Mata, padre de Pedro Luis, cometido el 13 de enero de 2011. De acuerdo con los familiares del menor asesinado, el alcalde se ha preocupado más “por encontrar a los culpables de la muerte de su padre, que por asumir sus responsabilidades de autoridad, metiendo a la cárcel a la mayor parte de su cabildo y usando el dinero que por ley le corresponde al ayuntamiento de Santiago Amoltepec, además de que se dedicó a pagar guardaespaldas equipándolos con armas de grueso calibre de uso exclusivo del Ejército”. No sólo eso, apuntaron, “la violencia se ha agravado” debido a que el destacamento de la Policía Preventiva del estado “se sumó a su servicio y permitió que su grupo paramilitar portara estas armas”. El expresidente municipal de Santiago Amoltepec, Lorenzo Santos Torres, padre de Jonathan, narró: “Doy a conocer que soy una de las pruebas de represión por hacer uso de la libertad de expresión. Tal situación la viví el 8 de agosto de 2012, cuando se me privo de mi libertad por nueve meses. No conforme con esto, la administración de Pedro Luis Jiménez Hernández sigue con su plan de asesinato, porque los presos que logramos nuestra libertad demostramos inocencia, ya que tan solo hicimos un reclamo social en beneficio de nuestro pueblo”. No obstante, apuntó, el edil “goza de entera impunidad y los hechos delictuosos que él planea con sus policías, nadie los detiene, porque presume de la protección del gobierno del estado”. Añadió: “La muerte más reciente es la de mi hijo Jonathan, ejecutado cobardemente el día 10 de septiembre de 2013. Se encontraba en la azotea de mi domicilio cuando fue asesinado, pese a que a unos cuantos metros se localiza la comandancia municipal y el cuartel donde se encuentran soldados y policías del estado”. Aun así, apuntó, no pudieron detener a los autores materiales del crimen y mucho menos se han hecho las investigaciones correspondientes para dar con los autores intelectuales. Las autoridades municipales tampoco se han acercado para realizar las investigaciones correspondientes, por lo que, dijo, “resulta muy sospechoso”, ya que como responsables de impartir la justicia evaden sus responsabilidades. “Cabe aclarar que soy un preso político, ya que el munícipe me envió a la cárcel por considerarme un opositor a su administración, cuando solo reclamaba justicia para mi pueblo. Estuve nueve meses recluido sin deber ningún delito”, detalló Torres. Y denunció que varios de sus familiares, incluido él, siguen recibiendo amenazas de muerte, pues tuvo conocimiento de que ofrecieron 150 mil pesos por su cabeza y la de sus parientes por no coincidir con la ideología de la actual autoridad municipal. El exalcalde responsabilizó a las autoridades del municipio por hacer caso omiso a la situación que se vive en Santiago Amoltepec, y exigió al gobierno estatal que inicie las investigaciones para esclarecer el asesinato de su hijo. Asimismo, que ponga en operación políticas públicas “para proteger la vida de los niños y niñas en nuestra población, donde existen problemas políticos de interés personal que ponen en riesgo la vida y la integridad  física  de los menores”. Concluyó: “La anarquía que se vive en este pueblo y la ingobernabilidad municipal es resultado del odio, rencor y divisionismo que esta autoridad  municipal ha sembrado en este municipio”.