GUANAJUATO, Gto. (apro).- La Junta de Coordinación Política del Congreso local aprobó un acuerdo para ordenar al Órgano de Fiscalización Superior la realización de una auditoría a las operaciones realizadas por la Secretaría de Finanzas para la adjudicación y contratación del servicio de abasto, mantenimiento, distribución de medicamentos y material de curación para los derechohabientes del Seguro Popular en Guanajuato, ante las quejas por sobreprecios de medicinas y la entrega de insulina caduca a enfermos. Esta adjudicación se concursó por dos ocasiones consecutivas —que se declararon desiertas— y posteriormente se otorgó a empresas que comenzaron a mediados del año a prestar los servicios contratados: Intercontinental de Medicamentos, Phoenix Farmacéutica y Distribuidora Internacional de Medicamento y Equipo Médico. La auditoría respondió a una denuncia pública hecha por el Partido Verde Ecologista, que dio a conocer previamente que ambas empresas manejan un sobreprecio de 20% respecto de los precios de referencia, y un sobrecosto en ocasiones de más de 100% en sobreprecio de venta al público en general. Al aprobar el punto de acuerdo se ordenó al Órgano de Fiscalización Superior aplicar una revisión específica a la adjudicación para, entre otras cosas, verificar las causas por las cuales la licitación previa se declaró desierta; si la contratación y adjudicación se realizó conforme a la normatividad; si se dieron las mejores condiciones para el estado al contratar a las dos empresas señaladas; que se verifiquen la cantidades que significan el costo unitario de cada medicamento y se establezca cómo se determinó el costo de dichos conceptos. El OSF deberá iniciar con este procedimiento de auditoría a más tardar el 31 de octubre próximo. Al intervenir en la tribuna de la sesión de hoy, el diputado del PVEM Sergio Contreras recordó el caso del Bonglixan (insulina) que se distribuyó a pesar de no haber sido debidamente refrigerado, por lo que posteriormente la Secretaría de Salud lo retiró de la distribución. “Quien maneja recursos públicos obtenidos del trabajo de todos los guanajuatenses debiera buscar siempre la oferta que represente lo más cercano al precio de referencia, tanto de los medicamentos y equipos como del servicio” y pagar arriba de un cien por ciento del precio del mercado no parece estar acorde con las metas presupuestales, señaló el diputado del Partido Verde. De acuerdo con el diputado, los sobreprecios estimados por éstos y otros medicamentos que se entregan a derechohabientes del Seguro Popular alcanzan los mil 400 millones de pesos, según los contratos revisados por los legisladores verde ecologistas. Todas estas situaciones, dijo en la tribuna, parecen indicadores de que en el caso de la adjudicación a las dos empresas referidas “existe una indebida administración de los recursos públicos”, por lo que pidió aprobar el acuerdo para la práctica de la auditoría. “Si una familia que percibe un ingreso de entre 4 mil 800 y 5 mil pesos mensuales estiran al máximo sus ingresos para lograr subsistir y sacar a su familia adelante, no se vale que la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración y el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, no actúen como millones de guanajuatenses”, puntualizó.