CHILPANCINGO, Gro., 17 de septiembre (apro).- Los autores de los “crímenes de lesa humanidad”, cometidos durante la etapa de la guerra sucia en la entidad, “gozan de impunidad y protección, favoreciendo con ello la posible repetición de hechos similares, expresó el presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), José Enrique González Ruiz. No obstante, la comisión no enjuiciará a los presuntos responsables de los delitos relacionados con tortura y desaparición forzada de personas, simplemente porque carece de facultades legales para ello. “No hay resultados tangibles en la visión de quienes esperan, por ejemplo, enjuiciamiento de personas o esperan hechos espectaculares; lo que van a encontrar es la verdad, lo que ocurrió”, advirtió González Ruiz. Lo anterior, durante la presentación de un informe preliminar de labores de la Comverdad en la sede del Congreso estatal que preside el diputado local perredista vinculado con el narcotráfico, Bernardo Ortega Jiménez. En tanto que familiares de desaparecidos exigieron la comparecencia del exgobernador Rubén Figueroa Alcocer para que declare sobre la etapa de la guerra sucia que impulsó su padre, el también exmandatario Rubén Figueroa Figueroa. Además de que recordaron que Figueroa Alcocer está directamente relacionado con la masacre de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995. En la lectura del reporte, que comprende del 17 de abril al 17 de octubre, el también exrector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), José Enrique González Ruiz, informó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, el Ejército, los cuerpos policiacos federales y estatales, “y muchos funcionarios públicos” conculcaron los derechos humanos de cientos de guerrerenses durante los años sesenta, setenta y ochenta. “Sin embargo, después de más de 40 años los autores de tales delitos gozan de impunidad y protección, favoreciendo con ello la posible repetición de hechos similares”, indicó el presidente de la Comverdad. A pesar de que señaló que hasta el momento se desconoce el número de víctimas de la etapa de la guerra sucia, “sí se conoce quiénes fueron los victimarios, pero estos hechos siguen impunes”, indicó. No obstante, dijo que la comisión se limitará a presentar elementos jurídicos para que las autoridades gubernamentales cumplan con el procedimiento penal: “Nosotros no somos Ministerio Público ni queremos serlo”, expresó el académico, quien aseguró que se conocerá qué ocurrió con los desaparecidos y encarcelados durante esa época en la entidad. González Ruiz demandó que los delitos cometidos durante esta etapa, como desaparición forzada y ejecución extrajudicial, se tipifiquen como de “lesa humanidad”, y no como homicidio, porque es delito del fuero común y éste tiene un plazo de prescripción. También, el presidente de la comisión dio a conocer que el informe final se presentará en abril próximo, a tres años de la creación de este organismo financiado con recursos públicos estatales. El resultado de esta investigación pretende integrar un plan de reparación de daño a las víctimas, el cual será presentado ante el Congreso para que los diputados determinen su aprobación o rechazo. González Ruiz informó que solicitaron al Congreso una ampliación de seis meses para sistematizar la información recabada, principalmente del Archivo General de la Nación (AGN), debido a que ciertos expedientes relacionados con la guerra sucia se encuentran clasificados como información reservada o fueron transferidos a otras áreas, indicó.