Congreso de Nuevo León aprueba la Ley Estatal de Víctimas

miércoles, 23 de octubre de 2013
MONTERREY, N.L. (apro).- El Congreso local aprobó hoy la creación de la Ley Estatal de Víctimas, que prevé la inclusión de ciudadanos propuestos por organizaciones civiles para la toma de decisiones ejecutivas, entre ellas el manejo del fondo estatal para reparar daños a los afectados. Esta nueva figura jurídica tiene como objetivo crear una serie de medidas jurídicas administrativas, sociales y económicas en beneficio de las personas que hayan sido víctimas de un delito o de violación de derechos humanos. Pese a que el pleno del Congreso aprobó la ley, que será publicada en el Periódico Oficial en los próximos días, aún falta la creación de sus órganos y leyes secundarias, por lo que fue establecido un plazo de 180 días para que entre en vigencia el nuevo marco legal. La ley de 114 artículos y 13 transitorios fue inicialmente propuesta el 10 de diciembre pasado por el diputado panista Luis David Ortiz y enriquecida con modificaciones sugeridas por organismos civiles de la localidad. La Ley de Atención, Asistencia y Protección a las Víctimas prevé la creación de un sistema estatal, que dependerá de un comisionado ejecutivo, quien será encargado de formular y ejecutar programas, planes, proyectos y acciones tendientes a la atención, asistencia y reparación integral de las víctimas. Un total de 16 organizaciones, coordinadas por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), celebró en un comunicado la creación de la ley y aplaudió que entre sus artículos quedara establecido que el comisionado del sistema estatal sea una persona propuesta por la sociedad civil y no por el gobernador, como estaba se planteaba originalmente en la ley. Las ONG consideraron saludable para el sistema de víctimas que la administración del fondo especial para reparación de daños no sea administrado por funcionarios, si no por la misma comisión ejecutiva. El sistema también prevé la creación de un registro estatal de víctimas, que elaborará los mecanismos para proporcionar asistencia y protección a los afectados enlistados. Según la ley, los servidores públicos estatales y municipales serán objeto de multa de entre 500 y mil días de salario mínimos si intimidan a las víctimas, las hacen objeto de tocamiento o vejaciones, les cobren o filtren información sin su consentimiento. Los municipios están obligados, ahora, a adecuar su respectiva normatividad para cumplir con las obligaciones establecidas con los códigos hoy aprobados. Las ONG consiguieron que en los artículos quedara establecido que ninguna persona podrá suplir al gobernador en las sesiones del sistema estatal, como una manera de obligar al Ejecutivo a que, en su calidad de integrante del consejo estatal, participe en las reuniones, discusiones y cambios que ahí sean promovidos. Sin embargo, las organizaciones señalaron que aguardarán a que la ley entre en vigor para constatar su óptimo funcionamiento. “Consideramos que el marco legislativo logrado es un avance. Ahora la tarea es más amplia: que la ley se aplique de manera real y efectiva, a fin de atender y resarcir el daño a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos”. Además, “representa una esperanza para restaurar nuestro dolido y resquebrajado entorno. Sobre ello continuaremos en vigilia”, señalaron los grupos civiles.  

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