CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Tres de los cuatro presuntos responsables de la tragedia Extremo Aeroshow acudieron esta mañana a la audiencia de formulación de imputación. Eliot Gerardo Castillo Hernández, representante legal de Demolition Show; Guillermo Ávila Olivas, exsubdirector de Protección Civil y Bomberos del ayuntamiento de esta ciudad, y Luis Felipe Valdez Caraveo, representante legal de la asociación organizadora Espectáculos Extremos del Municipio de Chihuahua, acudieron personalmente a la diligencia ante el juez de Garantía Octavio Armando Rodríguez Gaytán, mientras que José Manuel Domínguez, excoordinador de Protección Civil, envió a su representante legal, Pedro Antonio Escandón Amparán, debido que no pudo asistir por problemas de salud. En este último caso, el juez declaró que el acusado se sustrajo de la justicia, por lo que ordenó la programación de una nueva audiencia para formularle la imputación. Con anterioridad, Ávila Olivas y Valdez Caraveo promovieron un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito, que les fue otorgado, por lo que en caso de que se ordene su detención podrán enfrentar su proceso en libertad hasta que cambie su situación jurídica, aunque deben atender todos los citatorios que reciban. En el caso de Eliot Gerardo Castillo, que no se amparó ante la justicia federal, también enfrentará su proceso en libertad, pero en un plazo de un mes deberá pagar un millón de pesos para garantizar que no evadirá la justicia. Además, al representante legal de Demolition Show le fue colocado un brazalete electrónico para monitorearlo las 24 horas del día, por lo que no podrá abandonar la ciudad. En la audiencia también estuvo presente Alejandro Chapa Medellín, defensor del conductor de la camioneta ‘monstruo’ que arrolló a los espectadores del evento –el pasado sábado 5–, Francisco Velázquez Samaniego, quien pidió para su cliente un trato igual al de los otros cuatro imputados. Al finalizar la audiencia, Chapa Medellín advirtió que solicitará que se modifique la medida cautelar de Velázquez Samaniego para que enfrente en libertad su proceso, como sucederá con los otros imputados. La voz de la representación social la llevó el fiscal especial para el caso Aeroshow, Noé Orlando Jiménez Holguín, quien en entrevista al final de la audiencia dijo que esperaban el fallo del juez tomando en cuenta que los delitos son imprudenciales. Las imputaciones de la Fiscalía La Fiscalía basó sus acusaciones contra los imputados en declaraciones, testimoniales, peritajes y las leyes de protección civil general y estatal, así como en reglamentos municipales. Sobre Eliot Castillo –sobre el que pesan los delitos de homicidio, lesiones, daños imprudenciales–, indicó que pese a contar con más de 20 años de experiencia en la organización de eventos de vehículos que realizan maniobras peligrosas, contrató la camioneta ‘monstruo’ que se exhibiría en Demolition Show y él mismo fue el conductor y animador, pero debió haber suspendido el evento cuando vio que no reunía las garantías mínimas de seguridad. Eliot, puntualizó, también debió impedir la participación en el show del vehículo de Francisco Velázquez, debido a las condiciones en que se encontraba. En la audiencia, el fiscal Jiménez Holguín hizo alusión a la muerte de nueve personas, 58 lesionados y siete vehículos dañados. En el caso de Felipe Valdez, de la asociación organizadora, la Fiscalía detalló que el 25 de abril pasado realizó un convenio de colaboración con el municipio de Chihuahua para la realización del “Evento Aeroshow 2013, Chihuahua Vive en la Emoción”. Posteriormente, el 23 de septiembre, gestionó por escrito –ante la subdirección de gobernación– la supervisión del evento, basado en los requisitos contemplados en el convenio, y se comprometió a ofrecer seguridad en el evento. “Usted convino con Eliot la presentación de Demolition con saltos sobre carros chatarra y se comprometió a preparar vallas. El contrato dice que se comprometía a suspender el evento por causas de fuerza mayor”, leyó el fiscal. La representación social insistió en que el área de pits, donde se encontraban las víctimas, no era para espectadores, pero aun así permitieron que el show se desarrollara. A Guillermo Ávila también se le señaló como presunto responsable de la tragedia, debido a que el 27 de septiembre se comprometió a dar seguridad a las personas que asistieron al evento e incumplió sus deberes. Ese día emitió un oficio dirigido a la asociación organizadora y dijo que estaban cubiertas las condiciones para realizar el evento. Precisó que la zona cubría los requisitos en materia de seguridad y aseguró que no había ningún problema, por lo que firmó la autorización para el evento. Además, omitió cerciorarse de la supervisión antes y durante del espectáculo, de acuerdo con la normatividad, puesto que ese día no había elementos a su cargo en el lugar. Dado que el show no cumplió con todas las condiciones de seguridad debidas, Ávila fue acusado de ejercicio ilegal del servicio público y se le imputaron los delitos imprudenciales de homicidio, lesiones y daños en calidad de autor. El juez consideró que hay elementos para determinar la situación jurídica de los tres implicados, quienes pidieron duplicidad del término, por lo que el próximo martes 29 se realizará la audiencia de formulación de la imputación. La Fiscalía pidió prisión preventiva para los inculpados, debido a que, dijo, se corre el riesgo de que se sustraigan de la acción de la justicia, porque el monto económico que deben cubrir por reparación de daño es muy alto: alrededor 7 millones 673 mil pesos. Pero además, agregó, hay pérdidas humanas y daños psicológicos que generarán más gastos. Al finalizar la audiencia, el juez indicó que los imputados que cuentan con suspensión de amparo están a cargo de la justicia federal, por lo que no les podía imponer medidas cautelares, y a Eliot Castillo le pidió no salir de la ciudad en seis meses, mantener el brazalete electrónico ese mismo tiempo y depositar la garantía de un millón de pesos en un plazo de un mes. Pide diputado panista justicia sin distingos El presidente de la bancada panista en el Congreso local, César Jaúregui Moreno, demandó ayer que la asociación civil Eventos Extremos del municipio de Chihuahua, que organizó el evento Demolition Show, regrese los 14 millones 580 mil 471 pesos que le otorgó el ayuntamiento para organizar el festival “Espectáculos Extremos Aeroshow, Chihuahua Vive en la Emoción”. “Las cláusulas del convenio son muy claras, tienen que regresar el dinero”, dijo, y aseguró que en 2012 la asociación recibió 17 millones más, aunque en tribuna sólo mostró los convenios de 2013 y el acta constitutiva de la asociación. El legislador explicó que exigirán a las autoridades que se castigue a los responsables, con pruebas documentales de la administración municipal. Subrayó: “El reglamento de espectáculos públicos del municipio señala como responsables desde representantes de la organización del evento hasta funcionarios. Queremos trabajar con datos duros, porque si no entramos a un terreno fangoso; es un asunto delicado por las dimensiones de la tragedia y la conmoción que causó a la sociedad chihuahuense”. Jáuregui aseguró que su fracción llegará hasta donde se tenga que llegar para que se determine la responsabilidad civil, administrativa y penal a los funcionarios responsables, desde el secretario del Ayuntamiento y subdirector de Gobernación municipal, hasta los directivos de la asociación que estaban obligados a cuidar la seguridad del evento. El diputado propuso que la póliza de 15 millones que cubre el seguro sean destinados a la indemnización de las víctimas, al pago de los hospitales y lo que se requiera. El panista pidió que se haga justicia sin distingos y puntualmente, y que se realice una auditoría a las cuentas públicas del municipio correspondientes a 2012 y 2013. Además, sugirió que el Ayuntamiento de Chihuahua, que está facultado para exigir la devolución de 14.5 millones de pesos de la asociación, lo haga. "Toda la sociedad chihuahuense ve en este asunto que el estado de derecho está en entredicho y resulta fundamental que las instituciones encargadas de impartir justicia funcionen, y funcionen bien", aseveró. Señaló, asimismo, que los organizadores “mintieron cuando le dijeron a la opinión pública que el asunto de las indemnizaciones estaba solventado a través de la contratación de un seguro que se hizo. Esa desafortunada declaración está total y absolutamente alejada de la realidad jurídica. La asociación y el municipio tienen una responsabilidad objetiva de reparar el daño", apuntó.