CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- El coordinador de Protección  Civil municipal, José Manuel Domínguez Castillo, tendrá que depositar una garantía económica de 500 mil pesos, no podrá salir de la ciudad durante el proceso que enfrenta por el caso Aeroshow y tendrá que firmar cada mes ante la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, para evitar que evada la justicia. El juez de Garantía Ricardo Márquez Torres,  le imputó hoy los delitos de homicidio, lesiones y daños imprudenciales y ejercicio indebido del servicio público, de acuerdo con la causa penal 2665/2013. José Domínguez presentó la suspensión de amparo otorgada por un juez federal el pasado 25 de octubre, y el juez determinó que ese recurso penal sólo lo ampara de no ir a prisión pero no le impide al juez del fuero común dictarle otras medadas cautelares, como las mencionadas. El fiscal especial del caso Aeroshow, Noé Orlando Jiménez Holguín, imputó los delitos a Domínguez Castillo porque como coordinador de Protección Civil no realizó una supervisión previa del lugar, no se aseguró que no había vallas en el lugar del evento y no envió a nadie a vigilar y cuidar el área. El juez Márquez indicó que debido a que la suspensión del amparo sólo la otorgó la justicia federal en contra de la prisión preventiva oficiosa, es decir, en caso de que los delitos que le imputan a Domínguez ameritan cárcel por oficio. Sin embargo, el juez de Garantía indicó que los delitos que se le imputan son imprudenciales y por lo tanto, la ley contempla otras medidas cautelares que no son prisión. El pasado 24 de octubre, José Manuel Domínguez  no acudió a la audiencia de formulación de imputación,  por cuestiones de salud. Ahí fueron presentados otros tres imputados, Eliot Gerardo Castillo Hernández, representante de Demolition Show; Luis Felipe Valdez Caraveo, representante legal de la asociación civil organizadora “Espectáculos extremos del municipio de Chihuahua” y Guillermo Ávila Olivas, subdirector de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Chihuahua. En esa audiencia, Guillermo Ávila Olivas –quien era jefe de José Manuel Domínguez Castillo– y Luis Felipe Valdez, presentaron ante el juez de Garantía Octavio Armando Rodríguez Gaytán, la suspensión de amparo que les concedió a cada uno, la juez tercera de Distrito. El juez Rodríguez Gaytán determinó no fijarles ninguna medida cautelar como efecto de la suspensión de amparo y los dejó en libertad sin ninguna garantía, a pesar de que Guillermo Ávila había presentado ante juzgado –en caso de requerirlo– la propiedad del exalcalde Marco Adán Quezada Martínez valuada en 2 millones 400 mil pesos. Hoy, el juez Márquez Torres interpretó la suspensión de diferente manera. La suspensión sólo fue otorgada en caso de orden de aprehensión, por lo que a Domínguez sí le fijaron medidas cautelares. El monto de los daños hasta ahora es de 7 millones 673 mil 539 pesos, por concepto de funerales, indemnizaciones y gastos médicos, pero aún falta contabilizar la atención psicológica para las víctimas y sus familiares, así como ajustar las indemnizaciones para las familias de las personas que murieron, ya que algunas de ellas percibían más de un salario mínimo El fiscal opinó que la interpretación del juez Márquez Torres fue más apegada a las víctimas, y al menos parcialmente la representación social queda satisfecha. “No debemos olvidar a las víctimas es un cambio de paradigma, debe quedar precedente”. “yo no soy político”: José Manuel Domínguez Entrevistado aparte de la audiencia, el comandante José Manuel Domínguez advierte que él no es político, por lo tanto no es de los protegidos por el sistema, nunca se le pidió autorización o supervisión por parte de su jefe para inspeccionar el área y por lo tanto, no tiene responsabilidad Domínguez Castillo tiene experiencia como bombero desde hace más de 20 años, pero hace alrededor de 10 años, concursó por el cargo de coordinador de Protección Civil en el Ayuntamiento de Chihuahua, realizó examen y se quedó. “Yo no fui designado por dedazo, sino por mis conocimientos y en base a eso ejercí casi 7 años hasta que nombraron al licenciado Guillermo Ávila como subdirector”, explica. El puesto de subdirector de Protección Civil y Bomberos del Ayuntamiento, no existía, la crearon precisamente como puesto político y asignaron a un abogado cercano al alcalde, a Guillermo Ávila Olivas. Separaron Protección Civil del área de Bomberos, Domínguez se quedó como coordinador de la primera área y Luis Corral Torresday como encargado de bomberos. La función de José Manuel Domínguez era analizar inspecciones y contingencias. Tiene a su cargo seis personas, dos que se dedican a realizar revisiones en físico y documental sobre el plan de contingencia de cada evento o empresa, y cuatro más que se encargan del trabajo de calle. “Siempre ha sido sencillo el procedimiento, ya la gente conoce, ya sabe que para que se otorgue un dictamen de seguridad o una constancia como tal, debe tener un plan de contingencias ya autorizado. A tal grado de que no solicitan el permiso si no llevan su plan de contingencias, nosotros lo revisamos y nosotros decimos si está en situación para que opere y Ávila lo autorizaba”, continúa. Hace énfasis en que el subdirector de Protección Civil y Bomberos, debe enviar un oficio al área operativa –al coordinador de Protección Civil o de Bomberos– y éstas se encargan de autorizar el plan de contingencias para que el subdirector Ávila otorgara el permiso para la realización de determinado evento o funcionamiento de empresas, etcétera. “Todo es tramitado vía oficio”. Una vez que Ávila les enviaba el oficio para inspeccionar, Domínguez se encargaba de distribuir a su personal para que realizara inspecciones e hiciera su trabajo.  “El plan de contingencias es conciso, sólo hay que saber qué es lo que va a hacer, cómo y qué tiene para revisarlo en cuestión de seguridad”. El plan de contingencias es obligatorio porque quienes conforman el área de Protección Civil no son “todólogos” y si se trata de eventos o negocios especializados, requieren conocer las normas, reglamentos y leyes que regulan ese tipo de actividades, para poder aprobar su plan de contingencias o no. “A nosotros para que nos pueda ordenar o podemos hacer inspección tienen que decirnos qué vamos a inspeccionar, en base al plan de contingencias. Ese procedimiento puede llevar varias inspecciones, hasta seis, hasta que quede listo para ser aprobado, pero tenían que ir documentadas para que Ávila pudiera firmar”, detalla. En el caso de Demolition Show del festival Aeroshow, José Manuel Domínguez desconoce qué pasó porque a él nunca le presentaron un plan de contingencias que tuviera que supervisar y por lo tanto nunca checaron lo que podría suceder. “Tendría que haber ingresado un plan de contingencias por la asociación o alguno de los involucrados, nosotros no podemos revisar si no tenemos el conocimiento por oficio sobre qué es lo que va a pasar”. En el expediente del caso penal, hay oficios firmados por Guillermo Ávila en donde autoriza la realización del evento, y al preguntarle a Domínguez, insiste en que a él no le giraron ningún oficio y no firmó ninguna autorización. “Ávila firmó pero nunca turno la revisión, para que él hubiera firmado tenía que contar con las inspecciones previstas y  nosotros determinamos si puede o no proseguir el evento” e insiste que nunca tuvo en sus manos un plan de contingencia. Ese día, 5 de octubre, José Manuel Domínguez fue  designado con su gente a otra área distinta, al área de muelle o casa bote, zona considerada de riesgo. El personal de Protección Civil municipal llegó a las 5:45 horas y ahí permanecieron durante el día, porque a las autoridades les preocupaba el área de botes, ya que la presa se llenó y había lugares donde la senda corre al lado del agua y representaba riesgo para la gente. Durante la tarde, cuando sucede la tragedia, Domínguez y su gente se dan cuenta por radio y acudieron a brindar primeros auxilios a los heridos.  “Afecta bastante psicológicamente, nunca se impone uno a ver estas situaciones, y se quedan grabadas”. Domínguez fue  notificado hasta el 18 de octubre que estaba involucrado como probable responsable y al consultar con sus abogados, decidieron promover un amparo. “Me queda claro que las responsabilidades se tienen que afrontar, pero yo con el puesto que tenía no tengo responsabilidad”, asegura. Insiste en que no es político, ha estado ajeno a la política y su función es meramente operativa, por lo que todo está asentado en documentos y confía en que haya justicia y pueda comprobar su inocencia.