CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El juzgado séptimo de Distrito otorgó el segundo amparo a una pareja gay para contraer nupcias en esta ciudad. De acuerdo con el expediente 389/2013, los contrayentes, de 30 y 41 años de edad, decidieron reservar sus nombres porque la comunidad lésbico gay ha recibido amenazas luego de que ganaran el primer amparo en agosto pasado. Hiram González Cruz, presidente de la asociación Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual (CHEROS), dio a conocer que personas no identificadas comenzaron a enviar mensajes agresivos a su perfil de Facebook, así como a los contactos de esa red social. Los bloquearon de Facebook y decidieron crear su propia página web, así como una página en la misma red social. Asimismo, en antros gay, se han presentado personas que no se identifican para enviar mensajes a Tony y Tomás, la primera pareja que se casará en noviembre, con el fin de inhibir su boda. “Llegan y dicen: ‘Díganles a Tony y a Tomás que no vamos a permitir que se casen, y ustedes no tienen calidad moral para defender el matrimonio’. Por el tono de los mensajes, inferimos que son personas de grupos conservadores”, indica Hiram. Los mensajes en Facebook tenían contenido religioso, explica. “Por ejemplo, nos decían que no aprueban el matrimonio igualitario y que nosotros como promotores no tenemos calidad moral para hacer moral, porque en nuestras propias relaciones somos promiscuos. Eran mensajes muy moralistas”, agrega. Hasta ahora, CHEROS sólo se ha acercado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para dar a conocer la situación, pero no han podido demandar porque desconocen la procedencia de los mensajes. Además de las dos parejas amparadas, aún faltan por resolver otros tres casos; uno de ellos de una pareja de mujeres de la ciudad de Chihuahua. La pareja que ganó el segundo amparo es de Ciudad Juárez. Cuando promovieron los últimos cuatro amparos, incluyeron que fueron excluidos de las discusiones sobre la reforma al Código Civil del Estado, en el Congreso del Estado. Estos casos siguen pendientes. Tanto la asociación como el gobierno del Estado tienen un plazo de diez días para impugnar el fallo de la justicia federal.