CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Guillermo Ávila Olivas y José Manuel Domínguez Castillo (exsubdirector y coordinador de Protección Civil), Luis Felipe Valdez Caraveo (director de la asociación civil “Espectáculos extremos el municipio de Chihuahua”) y Eliot Gerardo Castillo Hernández (representante de Demolition Show) fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el incidente en el que perdieron la vida nueva personas y más de 90 resultaron lesionadas el pasado 5 de octubre en esta ciudad. Luego de valorar las pruebas aportadas por las partes, el juez de Garantía, Octavio Armando Rodríguez Gaytán, imputó a los dos servidores públicos y los dos empresarios los delitos de homicidio, lesiones y daños imprudenciales, en comisión por omisión. En el caso de Guillermo Ávila y José Manuel Domínguez, también los vinculó por el delito de ejercicio ilegal del servicio público. En el desahogo de la tercera diligencia, el juzgador lanzó la interrogante de que cómo era posible que las autoridades municipales hayan pagado a la empresa que organizó el festival 17 millones 300 mil pesos y no hayan tenido dinero para “completar” los gastos derivados de un verdadero programa de seguridad. “¿Pues cómo que no se completaron para las vallas y gradas? Invirtieron en otras cosas y no en seguridad. ¿En qué lo gastaron?, ¿en aplanar el terreno? Eso lo hizo Obras Públicas”. Antes de decretar su presunta responsabilidad en la tragedia, el juez explicó que se cometieron una cadena de errores y omisiones en la organización del evento por parte de autoridades y organizadores del evento. Además, dejó en claro que la responsabilidad de Francisco Velázquez Samaniego, el conductor de la camioneta monstruo que arrolló a los espectadores en el evento Demolition Show, no fue determinante para que ocurriera la tragedia, puesto que hubo una serie de omisiones de varias personas. Dichas omisiones derivaron en la muerte de nueve personas –dos niños, dos niñas, cuatro mujeres y un hombre-, y más de 90 lesionados. Por esos hechos, el Poder Judicial recibió 58 querellas y siete más por daños, según la causa penal 2665/13. El juez Rodríguez Gaytán acreditó la materialidad del delito con dictámenes de médicos forenses, videos, documentales, fotografías, planos, más de 100 declaraciones, identidades de las víctimas, presentadas en 38 horas durante tres días. La audiencia concluyó anoche. Además, dio ocho meses al Ministerio Público para concluir la investigación, para dar paso al juicio oral con el fin de sentenciar a los imputados. De los cuatro imputados, tres cuentan con suspensión de amparo por un juzgado federal, pero al cambiar su situación jurídica, se agota esa suspensión. En el caso de José Manuel Domínguez, cuenta con medidas cautelares -- el depósito de una garantía de 500 mil pesos--, aunque no puede salir de la ciudad, a pesar de la suspensión con la que cuenta, mientras que Luis Felipe Valdez y Guillermo Ávila, no recibieron media cautelar por el criterio del juez de garantía. El fiscal del caso, Noé Orlando Jiménez Holguín, anunció que solicitará que les apliquen medidas cautelares, una vez que notifiquen al juzgado federal sobre la vinculación a proceso que tiene como plazo dos días hábiles. Plan de Contingencia El exsubdirector de Protección Civil y Heroico Cuerpo de Bomberos de este municipio, Guillermo Ávila, era garante de la protección y seguridad de los espectadores. Sin embargo, no estuvo presente el día del evento ni supervisó que el personal a su mando inspeccionará y garantizara la seguridad mínima para el evento Demolition Show. Además, el pasado 27 de septiembre firmó y autorizó el evento en materia de seguridad y delegó la responsabilidad a Felipe Valdez, director de la asociación organizadora “Espectáculos extremos del municipio de Chihuahua”. “Pero para delegar su responsabilidad debió cambiar las leyes, eso no lo exime, no lo disculpa de su responsabilidad”, dijo el juez. Enrique Eduardo Muñoz, defensor legal del exfuncionario municipal, dijo que si le fincaban cargos a su cliente deberían hacer lo mismo con otros mandos, como el titular de Protección Civil del Estado e incluso el gobernador César Duarte Jáquez porque la ley así lo establece. Y achacó toda la responsabilidad al conductor de la troca monstruo, detenido actualmente. “Nadie refiere la seguridad privada contratada, ¿quiénes eran, tenían uniforme? No hubo perímetro de seguridad”, cuestionó el juez. Sentido común En la audiencia, José Manuel Domínguez alegó que él y sus cuatro inspectores fueron asignados a otra zona considerada de riesgo en el evento, concretamente a la de actividades acuáticas. “A pesar de que no le delegaron el área, su cargo y su experiencia, así como el sentido común, lo pudieron llevar a supervisar el show extremo, porque su responsabilidad también era proteger y dar seguridad a la gente. Pudo solicitar apoyo y no lo hizo”, recriminó el juez. En opinión del juzgador, el riesgo del evento era latente, puesto que utilizaron máquinas para brincar a 40 niños, por ejemplo, por lo tanto era necesario que José Domínguez utilizara su sentido común, ya que su voz para impedir el acto, pudo evitar la tragedia. La defensa de Domínguez trató de atenuar la falta cometido por su cliente al preguntar qué hubiera pasado si hubieran abandonado su área, que tenía un riesgo igual de importante. El juez respondió que eso no era pretexto para haber supervisado el área porque conocía que había riesgo. Delegan responsabilidad Felipe Valdez celebró un convenio con las autoridades municipales para hacerse cargo de la seguridad del evento y no cumplió, por lo que su inacción, lo hace corresponsable de los delitos que se le imputan, dijo el juez. Además, añadió que el empresario contrató diversas personas para desempeñar esa tarea, como una empresa privada de la que nadie hizo alusión. Dijo que desde el nombre de la asociación, “Espectáculos extremos del municipio de Chihuahua”, es evidente que saben que representa un riesgo realizar ese tipo de espectáculos. Felipe Valdez estuvo en Demolition Show, vio las condiciones de inseguridad y no hizo nada por evitar el accidente, remató. Y cuestionó que hayan delegado la responsabilidad de la seguridad y resguardo del público a estudiantes voluntarios que hacían su servicio social, porque el público no les hizo caso. En el caso de Eliot Castillo, el juez de Garantías comentó que incurrió en omisiones graves a sabiendas de que más presenciarían el evento más de 100 personas. Al momento del accidente, dijo, él tenía el micrófono, por lo que pudo evitar la tragedia máxime que Francisco Velázquez y sus mismos colaboradores le advirtieron que parte del público estaba en el área de pits y no se querían quitar. El mismo Eliot, subrayó, pidió al público hacerse a un lado porque venía de regreso la camioneta monstruo. Esta versión se contradice con otra anterior en la que aseguró que el conductor de la troca Francisco Velázquez cambió su rutina y provocó el accidente. Eliot cuestionó en la audiencia que no hubiera nadie de Protección Civil, cuando él era el encargado y responsable de la protección civil en ese momento.