MONTERREY, N.L. (apro).- Integrantes del denominado Frente Nuevo León iniciaron una campaña para frenar cualquier posibilidad de que el gobernador Rodrigo Medina imponga el reemplacamiento vehicular, después del millonario desfalco en el Instituto de Control Vehicular (ICV) que aún permanece impune. La campaña impulsada por el organismo civil se denomina Aplácate Medina y, a través de ella, se busca que la ciudadanía presione al mandatario priista que anunció la renovación en enero próximo de las láminas de casi 2 millones de automotores que circulan en la entidad. Los opositores señalan que la medida es innecesaria y persigue, únicamente, un afán recaudatorio ante unas finanzas mermadas por una deuda sin precedente, no aclarada del todo pero que, de acuerdo con cifras oficiales, ronda los 50 mil millones de pesos. Entre las acciones contra la medida, el Frente Nuevo León invita para el próximo viernes a una “marcha de automotores” en el centro de Monterrey para expresar a Medina de la Cruz su rechazo al replaqueo. Sin embargo, para Rodrigo Medina no hay marcha atrás en el tema del replaqueo, pues aseguró que la medida fue decidida con base en necesidades de gobierno y no “en reacciones populistas”. “Somos tolerantes de las manifestaciones de todos los grupos”, comentó, pero “estamos tomando una decisión de gobierno responsable, quizá lo más fácil hubiera sido no hacerlo, sí, o tomar una decisión populista, pero estamos aquí para tomar decisiones de gobierno y que sean benéficas para el estado, y nosotros vamos a continuar”. Medina de la Cruz pidió que en la protesta del viernes no se afecten derechos de terceras personas y sostuvo que la decisión no cambiará. “Insisto, somos respetuosos y tolerantes con cada manifestación, ojalá no se afecten derechos de terceros en esto, pero, insisto, estamos aquí para tomar decisiones importantes de gobierno que nos permitan seguir avanzando y dándole un buen servicio a la población. –¿No hay marcha atrás? –No hay marcha atrás –advirtió. Mientras, los alcaldes panistas de los municipios metropolitanos calificaron la medida un “atraco” e incitaron a la rebeldía entre la población, al anunciar que sus agentes de Tránsito no sancionarán a los ciudadanos que no efectúen la renovación de placas, al que consideraron innecesario, pues apenas hace dos años fue efectuado el replaqueo más reciente. De manera reiterada, señalaron que el año pasado fueron robadas al ICV unos 313 mil juegos de láminas que provocaron al erario un quebranto de 60 millones de pesos. Por ese delito sólo un funcionario ha sido procesado. Se trata de Pedro Morales, exdirector del organismo y exdirigente estatal del PRI, quien por cierto ya fue exonerado. Después de conocerse el robo de placas, se descubrió que a la par de la sustracción de las matrículas se realizó una compra excesiva de 233 mil pares de láminas que ya no servirán para nada. Por esta última irregularidad no fue aplicada sanción alguna. Dinero, de donde sea El 31 de octubre, el tesorero estatal Rodolfo Gómez anunció que Nuevo León adquiriría 2 mil 500 millones de pesos en deuda para inversiones, y asumiría créditos por otros 2 mil 700 millones, con el fin de refinanciar 33 mil 649 millones en deuda. Simultáneamente, Juan Ernesto Sandoval, director del ICV, anunció que en enero próximo iniciaría el proceso de replaqueo en la entidad y que el costo deberá ser pagado, por entero, por la ciudadanía. Además, informó que el estado tendría una recaudación estimada de mil 350 millones de pesos sólo por este concepto. Para apaciguar los reproches de panistas y sectores ciudadanos inconformes, el gobernador Medina de la Cruz anunció que incluiría “visores ciudadanos”, quienes revisarían todo el procedimiento administrativo. No obstante, el viernes 6 los alcaldes panistas demandaron al gobernador Rodrigo Medina que elimine el replaqueo. Los alcaldes Margarita Arellanes, de Monterrey; Pedro Salgado, de San Nicolás; Víctor Pérez, de Santa Catarina y Rodolfo Ambriz, de Benito Juárez convocaron a conferencia de prensa para anunciar que no habría ninguna acción en contra de los conductores que, en sus municipios, circularan el año entrante con las placas anteriores. Los ediles aceptaron el argumento oficial, que dice que el cambio de placas es por motivos de seguridad, pues con base en ello se revisaría el padrón de propietarios de coches. Sin embargo, señalaron que el costo de la operación debe ser asumido por el gobierno estatal. “No vamos a participar en este atraco a los bolsillos de las familias de Nuevo León. No vamos a aplicar ningún tipo de sanción que dañe o afecte a los ciudadanos”, dijo Arellanes Cervantes al leer un comunicado a nombre de los ediles panistas. Los alcaldes mencionaron que aunque los municipios reciben participaciones en los cobros del control vehicular, prefieren rechazar esas partidas para no afectar la economía de los ciudadanos. César Garza, alcalde priista de Guadalupe, consideró que el pronunciamiento de sus colegas de la zona metropolitana tiene matices políticos, al denostar el trabajo del gobernador. Ese mismo día, el senador panista Raúl Gracia Guzmán presentó un punto de acuerdo para que se le pida al gobernador nuevoleonés que su administración asuma el costo del procedimiento de renovación. Gracia Guzmán señaló que Medina no ha dado un argumento sólido para justificar el replaqueo. Luis Ángel Benavides Garza, legislador panista que encabeza las manifestaciones contra la medida, señala en entrevista que parece que el gobernador Medina está buscando sacar dinero “de cualquier lado” para sanear las finanzas estatales afectadas por un sobreendeudamiento. También considera un exceso que el gobierno busque obtener más ingresos por las nuevas placas después de negarse a desaparecer la tenencia, extinta ya a escala federal, además de incrementar el Impuesto Sobre la Nómina en la entidad. Más aún, sostiene, que gente desconoce en qué se ha empleado el recurso recaudado, pues el mandatario no ha cumplido con sus promesas de transparencia en el uso del erario. “Estamos cansados de las artimañas que el gobernador realiza para sacarle más centavos a la gente, y esto no se ve reflejado en ninguna obra. Busca dinero en todos lados, aunque ha tenido recursos suficientes para llevar al estado por buen camino, pero no tiene llenadera y, al final, siempre necesita dinero el estado. No sabemos a dónde va el dinero”, acusa.