Caso Granier: Venta disfrazada de terrenos, detrás de la denuncia contra extesorero

jueves, 14 de noviembre de 2013
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- La denuncia penal que la Secretaría de la Función Pública (SFP) interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra 16 exfuncionarios federales y locales, por el presunto delito de coalición de servidores públicos, tiene que ver con el millonario fraude cometido con la adquisición de terrenos para construir viviendas a los damnificados de la inundación de 2007. A seis años de aquellos hechos, la SFP responsabilizó, entre otros, al exsecretario de Finanzas de Tabasco, José Manuel Saiz Pineda, preso por el saqueo a las arcas estatales durante la administración de Andrés Granier Melo. También acusó a los exsecretarios de la Contraloría y Asentamientos y Obras Públicas, Roger Pérez Evoli y Héctor López Peralta, respectivamente, así como al exdirector del Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab), Ariel Cetina Bertruy, y a otros cinco exfuncionarios de esta dependencia. En la lista también aparece el expresidente municipal de Centro, cabecera de Villahermosa, Evaristo Hernández Cruz, uno de los dos candidatos que contienden por la dirigencia estatal del Revolucionario Institucional, que será elegido el próximo domingo 17 por los aproximadamente cinco mil consejeros políticos de ese partido. Las indagatorias de la PGR podrían alcanzar al actual alcalde de Centro, el expriista Humberto de los Santos Bertruy –postulado por la coalición PRD-PT-Movimiento Ciudadano–, quien durante la gestión de Evaristo Hernández fungió como secretario del Ayuntamiento. Los otros implicados son cinco altos mandos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), encabezados por el exdirector general, Juan Carlos Gutiérrez Ruiz. De acuerdo con un comunicado de la SFP, el 14 de diciembre de 2007 la Conavi y el Invitab suscribieron un convenio de colaboración para la adquisición de suelo, urbanización y construcción de 2 mil 500 viviendas en un predio de 51.35 hectáreas, con el propósito de resarcir los daños ocasionados a damnificados de las inundaciones de octubre de ese año en el estado de Tabasco. Para tal efecto se acordó que la Conavi aportaría 350 millones de pesos y el gobierno de Tabasco 38.5 millones. A 10 días de concretarse el acuerdo, la Conavi realizó la transferencia del dinero a la Secretaría de Finanzas estatal, que a su vez canalizó recursos al Invitab hasta agosto de 2008. El Invitab, con la autorización de su Consejo de Administración, adquirió cinco terrenos con una superficie superior a las 169 hectáreas, por un monto de 239.4 millones de pesos, situación “que se apartó de los términos pactados en el acuerdo original”. Posteriormente el Invitab solicitó al Comité de Obras Públicas autorizar la adjudicación directa de la construcción a una inmobiliaria y efectuar el pago con cuatro de los cinco predios adquiridos; dicho organismo se declaró incompetente y sugirió recurrir al Consejo de Administración del Invitab, que finalmente autorizó la adjudicación y la forma de pago. De esta forma, añade el comunicado de la SFP, el organismo de vivienda estatal y la empresa constructora firmaron el acuerdo correspondiente mediante el cual la inmobiliaria se comprometía finalmente a construir solamente mil 338 viviendas. En 2011, al no acatarse el convenio original, los funcionarios involucrados –federales y estatales– signaron un nuevo documento de transacción, para convalidar las diversas irregularidades en su desempeño, pese a que en enero del mismo año la Conavi solicitó al Invitab la devolución de los recursos federales y sus cargas financieras. Con base en tales hechos, la SFP decidió consignar penalmente el caso para el deslinde de responsabilidades correspondiente. En los hechos están involucrados cinco exfuncionarios de la Conavi, cuatro del gobierno estatal de Tabasco, seis del Invitab y el exalcalde del ayuntamiento de Centro, Evaristo Hernández Cruz. La gran transa En octubre de 2008, un grupo de líderes perredistas, encabezados por el entonces diputado local y ahora senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adán Augusto López Hernández, presentaron demanda ante la SFP y la PGR por estos hechos y se inició la averiguación previa AP/PGR/TAB/VHSA-III/0775/D/2008. De acuerdo con la denuncia, la empresa Suministros del Carmen, SA de CV (ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche), compró 169 hectáreas a un precio de 102 millones de pesos, con información privilegiada que le proporcionó el extesorero Saiz Pineda, y un mes después fueron vendidas al gobierno del estado, a través del Invitab, en 246 millones, con lo que obtuvieron ganancias por 144 millones de pesos. Entre los operadores de “la gran transa”, como la calificaron los perredistas denunciantes, destacan los empresarios Amílcar Sala Villanueva y Antonio Espinosa de los Monteros Leal. El primero de ellos es compadre del exgobernador Andrés Granier y exasesor de inversión extranjera de la Secretaría de Finanzas que encabezó Saiz Pineda, considerado el “cerebro” del saqueo a Tabasco por los múltiples negocios que tejió a la sombra del poder. El segundo, principal contratista del gobierno de Granier, a quien rentaba desde aviones y camionetas blindadas, hasta dotaciones de gasolina en sus 17 estaciones de servicios y despensas para damnificados a través de “Abarrotera Monterrey”, de su propiedad. Espinosa de los Monteros, además, está envuelto en un litigio jurídico por la construcción del lujoso gimnasio Sport City en suelo no apto para negocios de Villahermosa, por lo que tribunales locales y federales han ordenado su demolición. El permiso ilegal para la edificación del gimnasio fue expedido por el exalcalde Evaristo Hernández Cruz, a través del entonces secretario del Ayuntamiento, Humberto de los Santos Bertruy, hoy alcalde de Centro (Villahermosa). Para la compra de las tierras que luego vendieron al Invitab, Espinosa de los Monteros se asoció con el humilde vendedor de agua de garrafones, Abraham Cupil Córdova, para figurar como “propietarios” de la empresa Suministros del Carmen, cuyo patrimonio nunca superó los 5 millones de pesos. Ni siquiera, pues, era solvente para comprar los terrenos que adquirió entre febrero y marzo de 2008. Abraham Cupil es padre de Marlis Cupil, exsecretaria particular del extesorero Saiz Pineda, y en cuya refaccionaria de la comunidad de Lomitas, Nacajuca, fueron hallados –en mayo pasado– los 88.5 millones de pesos en efectivo. Fundada en 1997, Suministros del Carmen SA de CV estaba quebrada con un capital contable de tan sólo 250 mil pesos y no podía pagar adeudos contraídos, sin embargo, repentinamente, el 13 de diciembre de 2007, un día antes de la firma del convenio entre los gobiernos federal y estatal por 350 millones de pesos para la construcción de vivienda a damnificados, se protocolizó la modificación de su objeto social para incursionar en negocios inmobiliarios. El 8 de febrero de 2008, el notario público número uno del municipio de Paraíso, Tabasco, Jorge Pons, protocolizó el acta de una asamblea presumiblemente celebrada el 30 de octubre de 2007, en la que la empresa Tritón Holding SA de CV capitalizó pasivos por 4 millones 133 mil pesos, que convirtió en 41 mil 330 acciones de Suministros del Carmen. El propietario de Tritón Holding es el yucateco Mario Medina Sonda, socio de Saiz Pineda en despachos contables, y quien en noviembre de 2007, en plena inundación de Tabasco, se responsabilizó como propietario de los 8 millones de pesos en efectivo incautados por elementos del Ejército en una avioneta en el aeropuerto de Mérida, Yucatán. La avioneta viajó de Ciudad del Carmen, Campeche, a Mérida, pero siempre se manejó la versión, no desmentida, de que el dinero había salido de la Secretaría de Finanzas de Tabasco que encabezaba Saiz Pineda. Sorprendentemente, el mismo día, el propio notario Pons protocolizó el acta de otra asamblea, supuestamente celebrada el 12 de noviembre de 2007, en la que desaparece Tritn Holding y se hace constar que Abraham Cupil Córdova y José Alberto de la Rosa Santamaría se convierten en los “únicos accionistas de la sociedad”. El primero, vendedor de agua de garrafones, y el segundo dependiente de una tienda. El mismo notario público protocolizó una nueva asamblea celebrada el 26 de noviembre de 2007, en la que se aumenta a 4 millones 600 mil pesos el capital social de Suministros del Carmen, y el número de acciones pasa de 43 mil 380 a 46 mil. El nuevo socio es Antonio Espinosa de los Monteros Leal, con 2 mil 170 acciones, equivalentes a 2 millones 170 mil pesos. Así, en febrero de 2008, con ese capital la empresa comenzó a comprar los terrenos a través de Ana Cecilia Ramírez Rosaldo, apoderada legal de la empresa, quien adquirió las 160 hectáreas en menos de dos meses.

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