CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La activista Norma Ledezma Ortega, coordinadora de la asociación Justicia para Nuestras Hijas, retó al gobernador César Horacio Duarte Jáquez a resolver los homicidios de mujeres y a cumplir con su palabra de dar seguimiento a los casos de desaparición y asesinatos. “Es un día frío, pero no es tan frío como el corazón de los asesinos, como la impunidad que abraza a Chihuahua, como la tumba donde yacen nuestras hijas o como las noches que pasamos pensando en ellas”, expresó antes de reclamar al gobernador que cumpla su palabra,. En el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, el Movimiento Estatal de Mujeres de Chihuahua y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, colocaron más de 2 mil 200 listones morados en el monumento a la impunidad llamado Cruz de Clavos, con el nombre de cada una de las mujeres que ha muerto de manera violenta desde 1993 a la fecha. Durante 2013 han fallecido 152 mujeres de manera violenta, el año que más ha registrado homicidios dolosos de mujeres es 2010, con 446 casos. Alma Gómez Caballero señaló las graves consecuencias que viven las mujeres al ser víctimas de la violencia de género, así como la exigencia al Estado de prevenir, atender, sancionar y erradicar está violencia, ya que de lo contrario 2 de cada 3 niñas serán violentadas por sus parejas. La activista Linda Flores, de la organización Por un Chihuahua sin Temor, leyó los nombres de las mujeres asesinadas este año, mientras que familiares de tres de ellas colocaron el listón para agregarlo a la Cruz de Clavos, ubicada frente a Palacio de Gobierno. Los nombres fueron el de Zaidé Salazar de 34 años, asesinada en Camargo; Berenice Miranda Gómez, de 26, asesinada en Chihuahua y Diana Jazmín González Rodríguez de 27 años, quien murió en el municipio de Chihuahua. El movimiento de mujeres cuestionó cuántos nombres más deberán incluir en la cruz para que aplique la ley estatal que garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Posteriormente colocaron una ofrenda floral en la placa que recuerda en la banqueta de Palacio de Gobierno, que ahí fue asesinada otra defensora de derechos humanos, Marisela Escobedo Ortiz, el 16 diciembre de 2010. Al concluir el evento conmemorativo, acudieron a la salida a Juárez, donde se encuentran 16 cruces colocadas desde 2004, para agregar otra cruz con 43 fotografías más de casos que lleva la asociación Justicia para Nuestras Hijas, al pie de la escultura El árbol de la vida. Al finalizar, Norma Ledezma advirtió que por la debilidad de las investigaciones y negligente trabajo del Ministerio Público, podría salir la única presunta banda de trata de personas que han aprehendido, porque todos están amparados. Dijo que los detenidos no son los principales responsables de los crímenes contra mujeres, ya que se les acusa sólo de contactarlas o señalar dónde se localizaban, pero no son quienes proveen ni consumen en ese negocio. El Movimiento Estatal de Mujeres exigió al Gobierno del Estado mayor eficiencia en el esclarecimiento e investigación de los homicidios de mujeres, ya que hay avance en un 20 por ciento de los casos pero sin sentencias plenas. Advirtió que las familias de mujeres desaparecidas y asesinadas que luchan por encontrar justicia están decepcionadas de este gobierno, porque el gobernador César Horacio Duarte Jáquez, no les ha cumplido las promesas que les hizo y sólo alimentó esperanza en ellas. “La escalera se barre de arriba para abajo”, ejemplificó para evidenciar que los agentes del Ministerio Público y los agentes asignados a los casos de mujeres, no han sido eficientes y nadie los supervisa. El Movimiento de Mujeres exigió: 1. Asegurar la integridad de los familiares de las víctimas, miembros de ONG y periodistas que han sido hostigados por su defensa de los derechos humanos y por buscar justicia. Esclarecer las amenazas y asesinatos de las y los defensores de derechos humanos. 2. Implementar acciones urgentes y efectivas, consensuadas con las organizaciones de mujeres, para cumplir con los compromisos derivados de la Convención CEDAW y Belèm do Pará, así como cumplir con las recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2013, en materia de derechos humanos de las mujeres. 3. Implementar políticas públicas efectivas para erradicar las violencias de género: tales como la institucional, laboral, económica, comunitaria, sexual, familiar, trata de personas y feminicidio. 4. Establecer un mecanismo de reacción eficaz e inmediato para atender a las mujeres en situación de violencia, y brindarles alternativas reales para que rehagan su vida libres de violencia. 5. Buscar inmediatamente a las mujeres y niñas desaparecidas, de conformidad con los estándares de la sentencia de campo algodonero, e informar mensualmente sobre el número de desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas. 6. Terminar la ofensiva que nulifica los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los cuales deben ser reconocidos y respetados, para hacer efectivo el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y a una maternidad libre. 7. Garantizar la igualdad sustantiva participativa y justa, implementando las medidas necesarias para revertir las desigualdades de género y nombrar a por lo menos 40% de mujeres en puestos para avanzar a un Estado verdaderamente democrático. 8. Implementar políticas y presupuestos públicos etiquetados para programas y acciones con perspectiva de género, con mecanismos de monitoreo de la sociedad civil, que atiendan a los principios de certeza, transparencia, justicia, legalidad y rendición de cuentas. 9. Garantizar la efectividad de las leyes que regulan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mediante la implementación de políticas públicas eficaces para la procuración de justicia, evitando la simulación gubernamental existente. 10.  Garantizar la justicia para las víctimas y sus familias, ya que la falta de voluntad política en resolver los asesinatos y desaparición de mujeres, así como la corrupción y complicidad de funcionarios públicos, mantiene en la impunidad a más del 95% de los casos. 11.  Apoyar las alertas de género que han sido solicitadas en los diferentes estados de la República Mexicana y dar seguimiento al cumplimiento de la Sentencia de Campo Algodonero, evitando la simulación. “De no atenderse esta grave situación de violencia de género, 2 de cada 3 niñas serán violentadas por sus propias parejas”, advirtieron.