TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro).- Ejidatarios de la cabecera municipal de Chicoasén denunciaron “irregularidades” en la asamblea del pasado domingo 17, donde se aprobó el inicio del proceso para la construcción de la quinta presa hidroeléctrica en la entidad y la segunda en ese lugar. De acuerdo con un documento redactado al finalizar la asamblea, el número de firmantes a favor de la edificación fue de 670, cuando en realidad los directamente afectados suman 223. Avisaín Solís López, uno de los ejidatarios inconformes, aseguró que fueron “mayoriteados” porque el alcalde de Chicoasén y las autoridades ejidales “acarrearon” a cientos de campesinos –hombres y mujeres de otras comunidades aledañas de la cabecera municipal–, a quienes no afectará el proyecto hidroeléctrico, pero con su anuencia se verán beneficiados con casas, lanchas, vehículos para transporte rural, obra pública, proyectos productivos y otros apoyos. “Nos avasallaron. Como la mayoría de los ejidatarios somos de la tercera edad, a los que somos los originarios del pueblo no nos permitieron el acceso a la asamblea, y a los que logramos entrar nos gritaron, nos silenciaron a gritos e insultos”, dijo Solís López, quien durante 30 años trabajó en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como obrero de confianza, por lo que nunca logró su bases, debido a que no cubría la “cuota” que le pedía el sindicato. A la asamblea del domingo 17 asistió el director del proyecto de la CFE, Gerardo Cruz Velásquez; el alcalde de Chicoasén, Armando Estrada Herrera; el director de la Secretaría de Gobierno del estado, Aquiles Espinosa García; el comisariado ejidal, Jorge Herrera Núñez; el presidente del Consejo de Vigilancia, José del Carmen Pérez Gutiérrez; la subsecretaría de Gobierno de la región, Patricia Conde, así como integrantes de aproximadamente 10 comunidades que fueron “acarreados” a la cabecera municipal. Solís López recordó que en 1985 se emitió una resolución presidencial que favoreció con 3 mil 46 hectáreas a aproximadamente 223 ejidatarios, como compensación por las tierras de las que fueron despojados para que se construyera la primera presa hidroeléctrica “Manuel Moreno Torres”, conocida también como presa Chicoasén I. Y ahora, apuntó, kilómetros más abajo –entre la presa Chicoasén y la presa de Malpaso– la CFE quiere construir la presa Chicoasén II, que afectará aproximadamente 250 hectáreas de tierras y probablemente desplace a campesinos de dos comunidades: Vista Hermosa y Monte Grande. Quienes debieron haber tomado la decisión son los 223 ejidatarios “única y exclusivamente”, sin embargo, ante el temor de que pusieran más condiciones para la construcción de la presa, las autoridades ejidales, municipales y estatales propiciaron el “acarreo para mayoritear”, subrayó. Solís López explicó que el grupo que representa no está en contra del nuevo proyecto hidroeléctrico, siempre y cuando la CFE cubra la deuda pendiente por los daños que dejó la construcción de la primera presa, pero también, dijo, se deben establecer acuerdos en el mismo sentido respecto de la segunda hidroeléctrica. El acta del domingo 17, donde se dio el aval a la CFE para iniciar los trabajos en enero próximo, subrayó, es “ilegal” porque firmaron más de los ejidatarios afectados. “Los viejos saben, vivieron y recuerdan bien los agravios de la CFE al campesinado en los años setenta, cuando se empezó a construir la primera presa hidroeléctrica, y por eso desconfiamos de la paraestatal, pero como la nueva generación de campesinos, y menos los que viven en comunidades remotas, no vivieron esa mala experiencia, se les hizo fácil dar el sí a la CFE”, sostuvo. Sin duda, es necesaria la presa Chicoasén II, pero “todo debe ser pagado de forma justa y legal”, para que se vuelvan a cometer los mismos errores que en el pasado, concluyó.