TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) demandó a las autoridades estatales investigar la agresión y privación ilegal de la libertad de la que fueron objeto al menos 14 niños el Día de Muertos en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán. Ese día, los menores salieron a la calle a pedir su “calaverita”, pero el alcalde Enoch Díaz Pérez ordenó a la Policía Municipal que detuviera y encerrara a los infantes que lo hicieran, según confirmaron integrantes de dicha organización. “Los policías municipales lanzaron gas lacrimógeno en contra de los niños y sus familiares por resistirse a la detención. También se tiene información de un niño que resultó herido. Las familias de los niños señalan que actualmente viven represalias para que no denuncien la violación a sus derechos”, acusó un integrante de Melel Xojobal, organismo con sede en San Cristóbal de las Casas que forma parte de la Redim. En un pronunciamiento conjunto, las organizaciones adheridas a la Redim manifestaron su preocupación por las acciones emprendidas contra los pequeños y exigieron a las autoridades correspondientes una investigación a fondo. También hicieron un llamado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que dé seguimiento al caso, que ha dejado al descubierto el maltrato en contra de la infancia, así como el abuso de autoridad, apuntaron. De igual manera, reprobaron la actuación de las autoridades municipales al encarcelar a los pequeños sin apegarse a las normas de justicia penal para niños y adolescentes, que indican que en los casos en los que un menor cometa una conducta delictiva, debe ser presentado ante un Ministerio Público especializado y posteriormente ante un juez competente en la materia. Puntualizaron que ningún niño, niña o adolescente puede comparecer ante ninguna autoridad si no se encuentra acompañado de su representante legal y una persona de confianza. Los activistas mencionaron que la privación de la libertad de adolescentes en conflicto con la ley debe de ser la última medida a tomar, dado que existen muchas otras que pueden imponerse cuando aquél incumple con la ley. El fin último de la justicia, subrayaron, no debe ser el de sancionar, sino el de restituir y garantizar. El arresto ordenado por el alcalde Enoch Díaz Pérez, añadieron, violenta además diversos derechos de la infancia: al juego, al esparcimiento, a la participación infantil, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como a la libertad de reunión, pero sobre todo, y de forma lamentable, al debido proceso. Por ello, demandaron sancionar conforme a derecho a los agresores, y pidieron al alcalde una disculpa pública a los niños y a sus familias, además de tomar todas las medidas necesarias para reparar la integridad de las víctimas y para asegurar que no se vuelvan a cometer actos similares.