TIJUANA, B.C. (proceso.com.mx).- Un día antes de concluir su encomienda constitucional como alcalde de Ensenada, la cúpula empresarial de Baja California solicitó de manera formal que se inicie una investigación en contra de Enrique Pelayo Torres por el desvío de fondos públicos. El dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Ensenada (Coparmex), Adrián Olea Escobosa, pidió por escrito a la Sindicatura municipal que abra un expediente por “una confesión expresa y espontánea del presidente Enrique Pelayo Torres, donde reconoce haber cometido diferentes delitos”. En varios medios de comunicación Pelayo declaró que utilizó fondos federales para el pago de la nómina de los empleados y funcionarios del gobierno municipal, y reconoció el carácter de haber asumido una conducta delictiva, por lo que la Coparmex señaló que está tipificada como abuso de autoridad en el Código Penal para el estado de Baja California. De acuerdo al artículo 293, comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público “cuando teniendo a su cargo caudales del erario les dé una aplicación pública distinta a aquella que estuvieren destinado, o hiciere un pago ilegal”, mientras que a escala federal se establece como uso indebido de atribuciones y facultades en el artículo 217. Este asunto será tratado por la Contraloría Interna del gobierno municipal que inició este 1 de diciembre, a cargo del alcalde Gilberto Antonio Hirata, de extracción priista al igual que Pelayo Torres. En el escrito también se solicita que se dé vista a las autoridades competentes, en este caso a las encargadas de la procuración de justicia. Los empresarios advirtieron que los funcionarios están obligados a ser ejemplo de transparencia  y cumplimiento de la legalidad ante la importancia de realizar un adecuado manejo de los recursos públicos porque “de ninguna manera están exentos de la correcta aplicación de las leyes”, dijo Armando León Ptacnik, presidente de la Federación Coparmex en esta entidad, quien exigió que si Pelayo Torres cometió alguna falta se debe investigar y, en su caso, aplicar la ley. Durante su último mes de la administración de Pelayo Torres, el cabildo de Ensenada aprobó la modificación del uso de suelo para permitir a la empresa inmobiliaria Lagza -propiedad de Carlos Lagos y Ricardo Zazueta, subsecretario de gobierno municipal- realizara un desarrollo habitacional, deportivo y comercial en el corazón del Valle de Guadalupe donde se produce el 90% de los vinos mexicanos. El exalcalde trató de justificarse al señalar que su voto había sido en abstención, aunque el gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid anunció que no publicaría el resolutivo del Cabildo para evitar que entrara en vigor la medida administrativa. El nuevo alcalde Hirata, nacido en el Valle de Guadalupe, anunció que buscará abrogar este acuerdo tomado por los regidores salientes. El uso indebido de recursos públicos hacia otro fin no es exclusivo de Ensenada, pues también de manera pública el exalcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada Padilla, declaró en medios de comunicación que había tomado fondos federales y estatales para el pago de la nómina, por lo que anunció que tomará medidas legales para enfrentar estas conductas ilegales en el primer día de diciembre al concluir su gestión. Los gobiernos de Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito y Tecate mantienen deudas económicas con el ISSSTECALI al incumplir con el pago de cuotas patronales para la seguridad social, pero también por omitir la entrega de cuotas de los trabajadores.