TIJUANA, B.C. (proceso.com.mx).- En Baja California, la administración pública estatal y municipal se encuentra en crisis económica pues los gobiernos anteriores dejaron las arcas vacías y con pasivos considerables a resolver antes que concluya 2013, pues existe la obligación de entregar el pago de aguinaldo a empleados además de los adeudos en los finiquitos a empleados y funcionarios a quienes se les solicitó su renuncia y los pagos pendientes a proveedores. El secretario de Planeación y Finanzas del gobierno de Baja California, Antonio Valladolid, informó que la deuda pública directa de esta entidad federativa es de 7 mil millones de pesos, pero si se le suma la deuda indirecta asciende a 14 mil millones. Al presentar ante el Congreso local el proyecto de presupuesto para 2014 cercano a los 40 mil millones de pesos, Valladolid dijo que con estos recursos se busca “minimizar los impactos a la economía de los bajacalifornianos de este año complicado en materia financiera, así como privilegiar la inversión en el rubro social, el desarrollo y generación de empleos, además de fortalecer la prevención y la seguridad”. El funcionario dijo que en cuanto a la Ley de Ingresos 2014, se pretende evitar el incremento en los impuestos estatales, por lo que se requerirá la autorización para adquirir un crédito por 2 mil millones de pesos que “permitirá hacer frente a los pasivos y a un déficit generado por diversas causas como la reducción en ingresos para el próximo año por la reforma hacendaria” y reducir el gasto corriente del Gobierno del estado con el “adelgazamiento” de la nómina y la reducción de salarios funcionarios de primer y segundo nivel del Poder Ejecutivo. Cuestionado sobre si el gobierno de Francisco Vega recibió unas “finanzas quebradas” por la administración de su correligionario panista José Guadalupe Osuna Millán, el funcionario rechazó la calificación al afirmar que sólo estaban “deprimidas”. Debido a una situación financiera adversa, los ayuntamientos que entraron en función el 1 de diciembre solicitaron al Congreso del estado su proyecto de presupuesto y su Ley de Ingresos que incluyen créditos ante la banca privada o social para enfrentar el déficit del erario municipal que dejaron los alcaldes salientes, los cinco de extracción priista. El ayuntamiento de Mexicali que preside por segunda ocasión el panista Jaime Rafael Díaz Ochoa sostuvo que requiere un crédito de deuda pública de 115 millones de pesos para cumplir con los pasivos que dejó el priista Francisco Pérez Tejada, quien incluso declaró que utilizó recursos federales para el pago de nómina y gasto corriente. En la Ley de Ingresos municipal, Díaz Ochoa incluyó el cobro del Derecho de Alumbrado Público de 13 pesos por cada familia que representará ingresos anuales de 100 millones de pesos para su gobierno y cuyo pago será obligatorio porque se aplicará en el recibo mensual de la Comisión Federal de Electricidad. En el caso del ayuntamiento de Tijuana, el alcalde priista Jorge Astiazarán Orcí presentó en el Congreso un Presupuesto de Egresos y una Ley de Ingresos que incluye un crédito de 230 millones de pesos. El médico procedente de una familia de empresarios de medios de comunicación, recibió una administración que se encuentra entre los tres municipios con mayor deuda pública del país toda vez que pasó de 2 mil 2500 millones de pesos adquirida por el panista Jorge Ramos Hernández (trienio 2007-2010) a 3 mil 200 que le dejó el también priista y empresario Carlos Bustamante Anchondo, quien concluyó su gobierno el 30 de noviembre de este año.