CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Después de desplazarse por varias ciudades del país debido al temor fundado de ser agredidas, las hijas de Nitza Paola Alvarado Espinoza –desaparecida en 2009 por militares– las gemelas Mitzi y Nitza, de 18 años, así como su hermana Deisy, de 15, viajaron a Estados Unidos con sus tíos para solicitar asilo político. La decisión se tomó luego de que agentes de corporaciones de los tres órdenes de gobierno comenzaron a rondar las casas de la familia en agosto pasado, justo cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atrajo el caso de la desaparición de los primos José Ángel Alvarado Herrera, Rocío Irene Alvarado Reyes y de Nitza Paola a manos de militares en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura. Los hostigadores eran agentes de la policía municipal de Nuevo Casas Grandes y de la estatal, así como militares destacamentados en esa región quienes aseguraron que sólo estaban investigando el caso. María de Jesús Alvarado, tía de las gemelas y de Deisy, se ha hecho cargo de ellas, junto con su esposo Rigoberto Ambriz Marrufo, con quien tiene cuatro hijos más. Toda la familia viajó a Estados Unidos. Nitza Paola, Mitzi Citlali y Deisy tramitan su residencia permanente mientras desde el exilio organizan una asociación civil de hijos de personas desaparecidas. En el caso de María de Jesús y su familia, la opción que les quedó fue solicitar asilo político a través del abogado Carlos Spector. “Estamos bien, adaptándonos. Las gemelas están iniciando una organización de hijos en exilio, con jóvenes que están acá por la misma situación, y parece que van a presentar sus casos en teatro”, comentó María de Jesús. El martes 10, las gemelas y su hermana Deisy acudirán a una reunión con congresistas estadunidenses para exponer su caso, como parte del proceso de petición de asilo. La desaparición El 29 de diciembre de 2009, elementos militares destacamentados en Nuevo Casas Grandes aprehendieron a Nitza Paola Alvarado Espinoza –mamá de las jóvenes–, y a su primo José Ángel Alvarado Herrera, en el ejido Benito Juárez, del municipio de Buenaventura. La familia había viajado a Benito Juárez para recibir el nuevo año, cuando un grupo de 10 militares arribó a la casa de la suegra de José Ángel; poco después varios de ellos capturaron a Nitza Paola y a su primo, quien trató de defenderla. Más tarde los elementos castrenses se llevaron a ambos con rumbo desconocido. Al mismo tiempo, en otra casa, ingresó otro grupo de militares y se llevó a Rocío Irene Alvarado Reyes. Y hasta la fecha la familia desconoce las causas de la desaparición, ya que los militares nunca mostraron una orden de aprehensión. Al día siguiente, la familia se presentó en el 35 Batallón para exigir la entrega de los tres primos, pero no les permitieron acercarse ni a la caseta. Luego de una serie de trámites infructíferos, el 6 de enero de 2010 levantaron una denuncia por desaparición forzada ante la Séptima Agencia Investigadora del Ministerio Público de la Federación en Ciudad Juárez. Semanas después, el 20 de febrero, éste declinó el caso al fuero militar. Sin embargo, el 3 de febrero de ese año Nitza Paola habló a su casa y dijo que estaba detenida en la penitenciaría de mujeres de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, que ahí la buscaran. Pese a ello, acotó, María de Jesús, “aún no sabemos nada, todo sigue igual, pues aún estamos esperando que la PGR entre al campo militar donde está detenido Élfego José Luján, para que le pregunte qué hizo con ellos, pero César Augusto Peniche, el delegado de la PGR en Chihuahua, no lo hace, sólo nos dijo que ya sabía que Luján se encontraba en el cuartel de Mazatlán”. Élfego José Luján era el coronel del Batallón de Infantería de Nuevo Casas Grandes en 2009 cuando desaparecieron los primos. “Él ordenó la detención de mi hermana y mis primos, y ahora está bajo proceso legal porque ordenó la muerte de dos soldados del Batallón, e incluso él declara que hacía el trabajo sucio (del cártel) de La Línea y cuenta cómo ordenó quemar vivos a esos soldados”, asegura María de Jesús Alvarado. El caso ya llegó a la CIDH mientras los resultados de la investigación aquí son nulos, por lo que la familia Alvarado decidió vivir en el exilio. La otra parte de sus parientes también ha tenido que irse del estado en temporadas. Se trata del primer caso denunciado en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua que llega ante una instancia regional para su revisión. En Chihuahua, el caso lo lleva la abogada Luz Estela Castro Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm). Por lo pronto, en el caso de las jóvenes se presentó una “petición especial de inmigración para menores sin compañía”, en tanto María de Jesús solicitó la custodia temporal de sus sobrinas con el fin de conseguir la residencia de forma más expedita. En tanto, las hermanas estudian en una escuela pública. Nitza Paola y Mitzi Citlali cursan segundo grado de preparatoria y Deisy está en el primero.