COLIMA, Col. (apro).- El Congreso local nombró como nueva magistrada numeraria del Tribunal Electoral del Estado (TEE) a María Elena Tintos Magaña, esposa del exdiputado local Víctor Vázquez Cerda, actualmente líder del sector popular del PRI y secretario general del sindicato de burócratas del gobierno del estado. También este jueves fue designado como magistrado numerario José Luis Puente Anguiano, exsecretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado, y como magistrados supernumerarios Ángel Durán Pérez y Enoc Francisco Morán Torres. Aunque la fracción del PRI tiene apenas 10 de los 25 diputados locales, contó con el apoyo de los tres legisladores de Nueva Alianza, así como de los del PVEM y del PT. Pero la mayor polémica fue generada por la diputada panista Gabriela Benavides Cobos y su homólogo Orlando Lino Castellanos, quienes sumaron sus votos a los de la bancada priista para complementar la mayoría calificada y fueron acusados de traición por parte de sus compañeros. Antes de la votación abandonaron el salón de sesiones los dos diputados del PRD y seis legisladores de Acción Nacional, luego de denunciar las “maniobras denigrantes” a las que habrían recurrido el PRI y el gobierno estatal para obtener los votos de Orlando Lino y Gabriela Benavides. Desde la tribuna del Congreso, el coordinador de la fracción del PAN, Héctor Insúa García, expuso que desde el inicio de la discusión de este asunto, el grupo parlamentario de su partido insistió en reiteradas ocasiones ante el gobernador Mario Anguiano, el secretario general de Gobierno, Rogelio Rueda, y el coordinador de los diputados del PRI, Martín Flores, la conveniencia de impulsar las aspiraciones de aquellos perfiles que por su trayectoria pública y relaciones familiares estuvieran lo más lejos posible de los partidos políticos y sus intereses electorales. Sin embargo, añadió, sin escuchar otras propuestas, Rueda y Flores “nos advirtieron de su determinación de hacer ‘lo que fuera necesario’ para obtener los votos que hicieran llegar a la licenciada Tintos al tribunal y con ello hacer prevalecer los intereses del PRI, contrarios por definición a los intereses del tribunal electoral”. Posteriormente, en conferencia de prensa, Insúa denunció que funcionarios del gobierno estatal, entre quienes se encuentra Rogelio Rueda Sánchez, ejercieron amenazas y presiones contra los diputados del PAN, además de que realizaron ofrecimientos de dinero por los cauces institucionales para los municipios ubicados en los distritos que ellos representan, a cambio de su voto a favor de Tintos Magaña. Dijo que representantes del gobierno de Mario Anguiano hablaron con los presidentes municipales de Manzanillo, Coquimatlán y Comala, gobernados por el PAN, para pedirles su intervención para que los diputados de esos distritos votaran junto con el PRI, de lo contrario podría haber un retraso en los recursos que corresponden a los municipios. Héctor Insúa anunció que debido a los acuerdos “en lo oscurito” presuntamente realizados por sus compañeros Orlando Lino y Gabriela Benavides, solicitará su separación de la fracción parlamentaria del PAN y su expulsión de ese partido. Durante su intervención en la tribuna, el diputado perredista Francisco Rodríguez García dijo que la inclusión de la esposa del dirigente del sector popular del PRI como magistrada del TEE constituye “un acto preparatorio para la continuación en el poder de un grupúsculo político que, a vista de todos, ha sido incapaz para gobernar al estado con eficiencia, honestidad y responsabilidad social”. Añadió: “Como saben que su gobierno es mediocre, que no cuenta ya con el respaldo de las mayorías, que está en riesgo retener la gubernatura, desde hoy van preparando, van cooptando, van comprando lo que sea y a quien sea con tal de tener órganos electorales que les legalicen sus derrotas, que se las vistan de triunfos, aunque tengan un tufo a fraudes electorales”. Previamente a la elección de los nuevos magistrados, el diputado Heriberto Leal Valencia dio lectura al acuerdo con el que se aprobó el procedimiento realizado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes para elegir a los magistrados, en el que explicó los resultados de las evaluaciones que se realizaron a los aspirantes. El diputado Martín Flores hizo un reconocimiento a los legisladores integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes que en el Congreso local, dijo, realizaron un análisis exhaustivo, objetivo e imparcial de aspirantes. Expuso que los expedientes fueron debidamente analizados y que los diputados participaron responsablemente en las entrevistas que se hicieron a los aspirantes, por lo que dijo estar a favor del Acuerdo presentado para elegir a los magistrados del Tribunal Electoral de Colima. En entrevista posterior, los diputados Orlando Lino y Gabriela Benavides negaron haber sido presionados o haber votado junto con el PRI a cambio de canonjías para los municipios que se encuentran en sus distritos, o haber recibido algún otro beneficio. Señalaron que su voto fue emitido de manera libre y consciente, de acuerdo a su responsabilidad como representantes populares. Con el nombramiento de los nuevos magistrados, el Congreso local repuso el procedimiento realizado en diciembre pasado, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidó los nombramientos de entonces debido a que hubo “vicios graves” en el proceso de selección. Entre las irregularidades detectadas por el organismo jurisdiccional hace dos meses destaca el hecho de que no se publicó la convocatoria para la integración del tribunal local, lo que privó a los ciudadanos interesados de la oportunidad de participar en el proceso. En los nombramientos de ese tiempo ya figuraba el nombre de María de los Ángeles Tintos Magaña como magistrada.