MONTERREY, N.L. (apro).- Diputados locales se adjudicaron un “doble regalo”: se aprobaron un incremento salarial de 3 mil pesos y un “bono de gestoría” de hasta 35 mil pesos por mes, con el que presuntamente efectuarán trabajo asistencial en sus respectivos distritos.

Los empresarios locales consideraron que esa erogación, que ha sido difundida como un “esfuerzo del Congreso local” para alentar el trabajo social, se inmiscuirá con la labor que en este sentido hacen los tres niveles de gobierno.

Juan Carlos Ruiz, presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), denominó el incremento aprobado como una “indexación” para actualizar sus percepciones, en 4.6%.

De esta manera, los diputados percibirán 3 mil pesos más, al pasar sus mensualidades de 76 mil a 79 mil.

El incremento es retroactivo a partir del 1 de febrero.

El diputado explicó que esta legislatura decidió actualizar su sueldo a diferencia de las dos anteriores, que se abstuvieron de ello.

Al referirse al recurso aprobado para gestoría, dijo que esta erogación será usada por cada legislador para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 63 fracción XII de la Constitución de Nuevo León.

Juan Carlos Ruiz argumentó que en ese apartado de la ley se asegura que el diputado tiene que ser “gestor” ante la comunidad.

“Tenemos una gran demanda que cumplir, una atención permanente y, a través de este esfuerzo de las oficinas de enlace, podremos continuar con la participación ciudadana que hemos venido promoviendo ciudadanos y partidos políticos”, acotó.

Luego aseveró que estos recursos no son para el goce de cada uno de los 42 legisladores, como han señalado públicamente algunos actores sociales en la entidad, ni tampoco serán usados para fines electorales:

“Los recursos son para las oficinas de enlace legislativo que reciban los diputados, y no tiene carácter de bono, salario, complemento de sueldo, retribución, gratificación, remuneración, compensación, honorarios o cualquier otro similar. Por lo tanto queda prohibido su uso personal o de su patrimonio”, remarcó.

Por su parte, Edgar Romo, coordinador de la bancada del PRI, dijo que “para evitar suspicacias” sobre el uso de este recurso, fueron aprobados lineamientos que prohíben adquirir con él ropa o artículos de tocador personales, compra de vinos o licores, comida y regalos que busquen la complacencia de los representados.

“Es un recurso exclusivamente para le gestoría de las demandas sociales de la ciudadanía y para que los diputados locales mantengan sus oficinas de enlace legislativo para con los ciudadanos. Es un recurso en beneficio de los nuevoleoneses para recopilar sus demandas sociales”, atajó.

Romo dijo que los 35 mil pesos son un tope, pues cada mes los diputados pueden erogar esa cantidad y, si no lo hicieran así, el recurso se regresaría a las arcas del Congreso estatal sin que se acumule el recurso al legislador.

También consideró que “sería un crimen” no ayudar a la ciudadanía en el trabajo de gestoría. Y aclaró que los diputados que se excedan en gastos o que no los justifiquen tendrán como único castigo la devolución del dinero.

“No tenemos facultad para meter a la cárcel a nadie por ello”, remarcó.

Guadalupe Rodríguez, del Partido del Trabajo (PT), consideró “irrisoria” la cantidad que recibirán en comparación con las necesidades de sus representados.

Los diputados que ya cuenten con oficinas podrán solicitar el recurso que fue liberado a partir de este mes de febrero.

La legisladora señaló que todos los gastos serán transparentados para la ciudadanía.

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la entidad, Alfonso Garza Sada, cuestionó la erogación que implica un gasto innecesario.

“Le pediría  a los congresistas que fueran congruentes con la situación del estado y los contribuyentes, pues de aquí sale el dinero para su sueldo. No lo justifico en lo absoluto”, aclaró.

Manuel Zavala de Alba, presidente del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (Ccinlac), se extrañó de que esta decisión de los diputados no fuera consultada con la población y por ello consideró que este pretendido trabajo de gestoría se duplicará con el de las respectivas dependencias de los tres niveles de gobierno.

“En ningún lado hemos visto que esté en la responsabilidad de los diputados ese tipo de actividades. Para eso hay dependencias, secretarios, directores de área; esa redundancia no tiene lógica para justificar un gasto”, reprochó.

La Asociación Nacional de Empresarios Independientes (ANEI) presentó el martes pasado un recurso de amparo para evitar que los diputados se adjudiquen el bono, al considerar que se trata de un incremento disfrazado para el disfrute de los mismos legisladores.

Juan Carlos Ruiz, presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri), destacó que el Congreso local aún no había recibido notificación oficial de la demanda.