MONTERREY, N.L. (apro).- El presidencia municipal de Monterrey clausuró esta tarde 10 de las 28 casas de apuestas que hay en la localidad por carecer de permiso de uso de suelo. De acuerdo con empresarios del ramo, la medida afectará a unos 10 mil trabajadores que se quedarán sin percepciones mientras duren las clausuras. Los establecimientos, que operaban normalmente en el transcurso de hoy, fueron intervenidos por inspectores municipales auxiliados de personal de la Marina, que ordenó la salida de los clientes y de los trabajadores de los establecimientos. Los casinos afectados son: Caliente Gonzalitos, Caliente, Valle Oriente, Caliente Garza Sada, Yak Plaza Cumbres, Royal Yak, Foliatti Mitras, Casino 909, Cristal Place, California Place y Miravalle Place. Casino Golden e Isla del Tesoro fueron visitados por la autoridad, pero encontrados en desuso. El operativo estuvo encabezado por la secretaria de Desarrollo Urbano del ayuntamiento de Monterrey, Brenda Sánchez Castro. La clausura se efectuó un día después de que la alcaldesa Margarita Arellanes Cervantes ofreció una disculpa pública a los familiares de las 52 personas muertas en el incendio del casino Royale, durante un ataque criminal el 25 de agosto del 2011. El municipio dijo que emprendió la acción para hacer que prevalezca la legalidad en Monterrey; y emplazó a los casineros a que presenten la respectiva documentación dentro de los próximos 10 días para que puedan reabrir sus establecimientos. En nombre de los casineros, el abogado Félix Coronado Hernández estimó que los cierres repentinos afectarán a unos 6 mil trabajadores que trabajan directamente en los establecimientos y a otros 4 mil indirectos, como taxistas y vendedores que se benefician con el funcionamiento de las casas de apuestas. El coordinador noreste del Sindicato Nacional de Trabajadores de Libros Foráneos de Establecimientos y Diversión, adherido a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), consideró que la alcaldesa actuó de manera equivocada al clausurar arbitrariamente los centros de trabajo. “Es importante que la autoridad medite y reflexione sobre lo que hizo hoy. Creemos que no es el camino correcto. Nos sentimos preocupados porque los que ahí trabajan están ahora sin empleo, sin una situación laboral que beneficie a sus familias”, se quejó el representante legal. Consideró que el ayuntamiento no apercibió primero a los establecimientos para que prepararan la documentación que necesitaban, pues al clausurar con la ayuda de las fuerzas armadas, no hubo tiempo para que las áreas administrativas pudieran defenderse adecuadamente. Cada uno de los casinos, dijo, ya debe estar preparando su estrategia jurídica para defenderse contra la clausura y comprobarán que los cierres fueron injustificados. Por ahora, precisó, los propietarios pueden sostener a los empleados hasta por unos 15 días para no dejarlos desamparados, pero después de ese tiempo, si el municipio persiste en la clausura, quedarán a su suerte. Coronado Hernández se sumó a la consternación que hay en todo el país por el ataque incendiario en el casino Royale, pero recordó que la acción fue perpetrada por criminales y que los empresarios fueron también víctimas. El vocero de los casineros consideró “sospechosista” que todos los establecimientos clausurados tuvieran sus permisos en orden y otros, que trabajan en la piratería e irregularidad, fueron ignorados por la autoridad. “Ojalá esto sea un show mediático para que los trabajadores regresen a laborar a sus centros de trabajo. La Secretaría tenía métodos para citar a los empresarios y explicarles que no cumplen con los requisitos necesarios, no cerrar de esta manera”, dijo. Nuevo León es el estado que tiene más centros de apuestas en el país, con un estimado de 60. Hasta ahora ninguna autoridad ha elaborado un padrón confiable, debido a que algunos de estos establecimientos trabajan sin registro ante la Secretaría de Gobernación.