MÉRIDA, Yuc. (apro).- Agrupaciones civiles acusaron a la Fiscalía General de Yucatán (FGY) de incurrir en prácticas homofóbicas y discriminatorias con las que viola los derechos humanos, “obstaculiza las investigaciones, la correcta tipificación de los delitos, agravia a la víctima y, lejos de erradicar, puede alentar crímenes de odio”. En un comunicado que emitieron hoy luego de que la FGY dio a conocer la detención del presunto homicida del pintor estadunidense Samuel Woodruff, las asociaciones civiles pro derechos humanos Oasis de San Juan de Dios e Indignación denunciaron que desde el asesinato del artista la institución violó los derechos humanos del occiso al hacer pública la orientación homosexual y su seropositividad. Woodruff, de 63 años, radicaba desde hacía una década en esta ciudad, donde el pasado 12 de noviembre fue ultimado de cinco puñaladas en su residencia ubicada en la colonia Itzamná, por un presunto sexoservidor que ayer fue presentado por la FGY como Raymundo Xool Villamil, de 18 años. Oasis San Juan de Dios, dedicada a defender los derechos humanos de las personas con VIH/sida, presentó en noviembre pasado una queja contra la FGY ante la Comisión de Derechos Humanos del estado (Codhey) por trato discriminatorio, difusión indebida de datos personales y violación al derecho a la confidencialidad, iniciándose así la gestión 817/2012. La Fiscalía negó la acusación. Empero, las agrupaciones insistieron en que notas periodísticas “evidencian un lenguaje homófobo y discriminatorio por parte de la Fiscalía al momento de referirse a las líneas de investigación y posibles motivos del asesinato de Woodruff, las cuales han sido reiteradas ahora, al presentar ante los medios de comunicación al presunto responsable, práctica que ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos”. Denunciaron que además de incurrir “en esa indebida práctica”, la FGY “incurre en dos tipos distintos de discriminación y afectación a la vida privada de quien en vida llevara el nombre de Samuel Woodruff, pero que, además, tienen efectos discriminatorios generales hacia personas con una orientación homosexual, así como hacia quienes viven con VIH/Sida”. Expusieron en primer término “el sesgo discriminatorio que se le da a la víctima al señalar que su muerte tiene motivos pasionales, ligados a su orientación homosexual”. “Lo anterior es grave, toda vez que, pareciera ser que es precisamente esa conducta homosexual la que acarreó su muerte. Expresiones de esa naturaleza minimizan el homicidio, parecen justificarlo, y suelen encubrir, ocultar, crímenes de odio por homofobia”, destacaron. Además, anotaron que los crímenes homofóbicos no se denuncian y etiquetarlos como crímenes pasionales “no contribuye en nada a la investigación y sí refuerza estereotipos, desalienta la denuncia e incluso desestima la investigación”. “Detrás del calificativo de ‘crímenes pasionales’ se esconden crímenes de odio que dejan de investigarse. Este hecho refuerza el sistema patriarcal y autoritario que se opone a todo aquello que se salga de o se revele a la norma establecida, genera discriminación hacia las personas que tienen relaciones homosexuales e invisibiliza una realidad lacerante que se vive en Yucatán, que es el alto índice de crímenes de odio por homofobia que enfrenta la entidad”, advirtieron. También resaltaron que la propia FGY dio información en torno al estado serológico de la víctima; “hecho de sumo grave toda vez que pareciera criminalizar, no sólo las relaciones homosexuales, sino el VIH/sida, además de invadir la vida privada de una persona generando información sobre un dato que no tendría por qué ser del dominio público”. “Lo anterior genera estigma y discriminación, no sólo en el presente caso, sino hacia todas las personas que viven con VIH/sida”, acusaron. Por ello, exhortaron a la autoridad a dejar de discriminar y establecer medidas que combatan “las históricas discriminaciones que han padecido muchos grupos sociales”. Sostuvieron que plantear la orientación sexual, ligada al crimen pasional como una hipótesis de investigación y hacer aparecer ante la sociedad que ésta fue la causa del homicidio, “significa una discriminación por orientación sexual”. “Esta práctica de ligar los crímenes de odio por homofobia con el crimen pasional ha sido sistemática por parte de las autoridades, fundamentalmente, de las encargadas de investigar los delitos. La Fiscalía tiene la obligación de investigar con diligencia, sin incurrir en discriminación, y de tipificar el crimen adecuadamente y de acuerdo con su gravedad”. Recordaron al gobierno estatal su obligación de promover todas las acciones que erradiquen los crímenes de odio por homofobia. A la Codhey y a la FGY, la de “establecer criterios generales que eviten que los órganos encargados de la investigación de los delitos, y en general cualquier autoridad, haga públicos datos confidenciales como lo es el ser portador de VIH, así como de generar criterios que eviten la práctica sistemática que tiene la Fiscalía de tratar los crímenes de odio por homofobia como crímenes pasionales y difundirlos como si se tratara de un castigo”. Finalmente, a los medios de comunicación, su responsabilidad, pues “el tratamiento que den a la información puede contribuir a combatir estereotipos y erradicar la discriminación o bien puede reforzar la homofobia”.