COLIMA, Col. (apro).- Organismos defensores de los derechos humanos expresaron su respaldo al ayuntamiento de Cuauhtémoc en su decisión de celebrar el primer matrimonio entre personas del mismo sexo en la entidad, pese a que tanto el Código Civil como la Constitución local prohíben las bodas gay. Efraín Naranjo Cortés, del Comité de Derechos Humanos no Gubernamental, y Roberto Chapula de la Mora, ombudsman estatal, coincidieron en que en este caso opera la supremacía de la Constitución General de la República, que garantiza el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas. En entrevistas por separado con Apro, Naranjo y Chapula se pronunciaron también a favor de la iniciativa presentada ante el Congreso colimense por el cabildo de Cuauhtémoc, en el sentido de que se reformen el Código Civil y la Constitución estatales, con el propósito de eliminar las restricciones a las uniones civiles entre parejas del mismo sexo. El anuncio del primer matrimonio gay en la entidad fue hecho el lunes 11 por la presidenta municipal de Cuauhtémoc, Indira Vizcaíno Silva, de origen perredista, quien expuso que la decisión estuvo basada en la Constitución General de la República y la ley contra la discriminación. Efraín Naranjo recordó que a partir de las reformas constitucionales de 2011 en materia de derechos humanos, en México rige el principio pro persona en la aplicación de la Constitución y de los tratados internacionales. Ante las reacciones de algunos sectores de la sociedad, en el sentido de que el ayuntamiento de Cuauhtémoc cometió un acto ilegal, Naranjo Cortés, quien es abogado, comentó: “Si se está aplicando la Constitución General de la República no puede nadie aducir que se están violando las leyes secundarias”, acotó. El activista añadió que desde un punto de vista estrictamente constitucional deben ser reformados los instrumentos jurídicos que se oponen a los matrimonios de personas del mismo sexo, más aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó precedentes importantes al resolver tres amparos de habitantes de Oaxaca. A su vez, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), Roberto Chapula, opinó que debe reformarse la Constitución estatal para evitar que continúe la discriminación hacia las personas de orientación sexual diferente. En 2008, cuando fue diputado local, recordó que a él le tocó dictaminar en sentido negativo una iniciativa para reconocer las sociedades de convivencia en Colima, debido a que en una consulta la mayoría de la población estuvo en contra. Sin embargo, estimó que ahora ya evolucionó la sociedad colimense y debe debatirse para legislar respecto de las uniones gay. En el caso de la boda gay que ya fue celebrada en Cuauhtémoc, Chapula consideró que si la Dirección del Registro Civil estatal pretende nulificar ese acto jurídico, el ayuntamiento puede presentar una controversia constitucional y la SCJN ordenará que se reconozca ese matrimonio legalmente. “Ya van tres casos que resuelve la Corte en el país, éste sería el cuarto, y sólo faltaría uno para que se genere jurisprudencia para todo el país”, puntualizó el ombudsman colimense.