Alegan que penalización de 'halconeo' en Chiapas podría violar derechos

martes, 12 de marzo de 2013
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Consejo Estatal de Derechos Humanos (CEDH) decidió abrir una queja de oficio por la aprobación de la reforma penal contra el ‘halconeo’, acciones que podrían dar pie a la violación de derechos de los ciudadanos en la entidad. En una misiva, el CEDH dio a conocer hoy que radicó una queja de oficio con motivo de diversas notas periodísticas en el que se refiere que la "reforma contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, particularmente a la libertad de pensamiento y de expresión". El ombudsman estatal destaca que la aprobación en el Congreso del artículo 398 Bis del Código Penal busca sancionar "…a quien realice actos tendentes para obtener información de los cuerpos de seguridad pública, de persecución o de sanción del delito o de la ejecución de penas para obtener información sobre su ubicación, actividades, operativos o sus labores en general". El CEDH expuso que abrió la queja con la finalidad de determinar si el contenido de dicho precepto legal respeta los derechos humanos. También aclaró que si del análisis jurídico que resulté se determina que la reforma violenta alguna garantía o derecho humano, el CEDH, en términos de lo dispuesto en la fracción XXXIV del artículo 22 de su ley, deberá proponer a quien corresponda la modificación o derogación del artículo 398 bis del Código Penal. La modificación al artículo 398 bis quedó así: “Se impondrá una pena de dos a quince años y multa de doscientos a cuatrocientos días de salario mínimo a quien realice actos tendientes para obtener información de los cuerpos de seguridad pública, de persecución o de sanción del delito o de la ejecución de penas para obtener información sobre su ubicación, actividades, operativos o sus labores en general. "Las penas señaladas en este artículo se aumentarán desde un tercio hasta una mitad más de la pena que corresponda, y se impondrá además destitución del cargo o comisión e inhabilitación de tres a diez años para ocupar otro cuando el delito sea cometido por servidores públicos o exservidores públicos de las fuerzas armadas, instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia”. Consultado al respecto, el jurista de la UNAM y colaborador de Proceso, Ernesto Villanueva, señaló que la aprobación de la reforma "es grave porque deja abierto el tipo penal de modo que quienes busquemos información de sus ‘actividades en general’, podríamos ser sujetos de sanción. Por supuesto, también es un ingrediente para opacar aún más la labor de seguridad", alertó.

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