MÉXICO, D.F. (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo promovido por un grupo de 29 alcaldes del estado de Morelos, para conservar el fuero constitucional. En su resolución, el ministro José Ramón Cossío determinó que los ayuntamientos carecen de legitimación para promover las demandas, que las controversias de este tipo solo existen para defender la esfera de atribuciones del municipio, pero no a los funcionarios que lo integran en relación a sus conductas personales. De acuerdo con la información difundida vía electrónica por el máximo tribunal, los ayuntamientos reclaman la invalidez de la reforma a los artículos 40 fracción XLI y 136 de la Constitución Política de la entidad federativa, promulgada en el periódico oficial Tierra y Libertad el pasado 23 de enero. Entre los alcaldes que buscaban mantener el fuero hay dos que enfrentan procesos judiciales por sobreendeudar sus municipios: José Manuel Tablas Pimentel, de Ciudad Ayala, y Julio Espín, de Puente de Ixtla. Sobre el intento de los alcaldes de ampararse, el secretario de Gobierno, Jorge Messeguer Guillén, se dijo respetuoso de las acciones emprendidas por los presidentes municipales. “Los alcaldes tienen una visión porque tienen problemas judiciales, sobre todo laudos laborales, que están siendo afectados y pueden ser afectados en sus personas. Esa es la visión de los alcaldes. Por parte del gobierno no ha habido ninguna objeción en cuanto al fuero”, dijo. Los ediles que pretendían conservar el fuero son los que encabezan los municipios de Yautepec, Jiutepec, Temoac, Totolapan, Zacualpan de Amilpas, Ocuituco, Yecapixtla, Xochitepec, Tetela del Volcán, Axochiapan y Tepalcingo. En la lista también se encuentran los de Tetecala, Huitzilac, Tlalnepantla, Emiliano Zapata, Tlayacapan, Amacuzac, Coatlán del Río, Atlatlahucan, Temixco, Mazatepec, Miacatlán, Tlalquiltenango, Zacatepec, Ayala, Jantetelco, Cuernavaca, Tepoztlán y Puente de Ixtla. El pasado 21 de enero, el Congreso de Morelos aprobó la declaratoria donde se elimina el fuero constitucional para presidentes municipales, regidores, síndicos, secretarios de despacho, consejeros electorales del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), y procurador. Con la aprobación de la iniciativa se eliminó el procedimiento conocido como juicio de procedencia o declaratoria de responsabilidad que impedía que los servidores públicos fueran sometidos de manera inmediata a juicio penal por conductas consideradas como delictivas. Sin embargo, la Corte resolvió este miércoles desechar por notoria improcedencia la controversia promovida por los 29 alcaldes morelenses. La decisión del ministro Cossío puede ser recurrida a través de recursos de reclamación, que serán revisados por las Salas de la Corte.