COLIMA, Col. (apro).- Organizaciones defensoras de los derechos de la diversidad sexual, diputados del PRD en el Congreso local y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Indira Vizcaíno Silva, se pronunciaron en contra la consulta sobre sociedades de convivencia anunciada por el gobernador Mario Anguiano Moreno y el presidente de la Comisión de Gobierno Interno del Congreso, Martín Flores Castañeda. Durante una reunión en las instalaciones del Palacio Legislativo, los diputados perredistas Francisco Rodríguez García y Rafael Mendoza Godínez expusieron ante activistas y la alcaldesa de Cuauhtémoc la iniciativa de reforma a las leyes estatales, presentada la semana anterior con el propósito de establecer los matrimonios entre personas del mismo sexo, excluidos actualmente de la Constitución local. Vizcaíno Silva, quien el 27 de febrero pasado autorizó –con base en el derecho a la igualdad y a la no discriminación garantizados por la Constitución mexicana–, la celebración de la primera boda gay en su municipio, rechazó la consulta con el argumento de que los derechos humanos no se consultan, sólo se respetan. En ello coincidieron los representantes de varias organizaciones civiles presentes en la reunión, entre ellas el Comité Estatal de la Diversidad Sexual y el Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH. En entrevista con Apro, Indira Vizcaíno, de filiación perredista, dijo que no coincide con la idea de realizar una consulta ciudadana “no por antidemocrática, sino porque los derechos humanos no pueden estar sujetos a una consulta, porque ya están establecidos en nuestra Constitución general y en los tratados internacionales de los cuales formamos parte”. Abundó: “Sería ilógico que sometiéramos a consulta de la ciudadanía un derecho. Es como si preguntáramos si los niños tienen derecho a una educación gratuita, y aun cuando la población lo quisiera negar o estuviera en contra, el derecho no va a desaparecer, va a continuar vigente”. La alcaldesa cuestionó por qué en todo caso no se someten a consulta ciudadana las políticas sociales. “¿Por qué no preguntarles a los ciudadanos si les bajamos el sueldo a la mitad a los diputados, como hicimos aquí los funcionarios del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, o por qué no preguntar si estamos o no de acuerdo con el gasolinaza? Esas son las cosas que se deben consultar a la ciudadanía, no derechos que ya están establecidos en nuestra Carta Magna”, subrayó. Vizcaíno consideró que con la pretendida consulta ciudadana, algunos actores políticos del PRI sólo buscan “lavarse las manos para no tener un posicionamiento específico respecto de este tema” y, a la vez, bloquear la iniciativa de la fracción del PRD. En respuesta al gobernador Mario Anguiano, quien hace unos días declaró que la Dirección del Registro Civil del estado no reconoce la validez del acta de la primera boda gay en Cuauhtémoc, la alcaldesa señaló que para desconocer un acta no basta con decirlo, sino que deben llevarse a cabo los procesos jurídicos establecidos. “Esto implicaría que el Registro Civil estatal, el gobernador o el secretario general de Gobierno interpusieran una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación negando esta acta, porque dentro de las facultades que tiene el registro civil del municipio está expedir actas de matrimonio, nacimiento y defunción, que son válidas desde el momento que llevan la firma y el sello, y no requieren un reconocimiento de parte de la autoridad estatal”, apuntó. Y retó: “Quienes insistan en decir que nosotros estamos violando la ley tienen el camino jurídico para manifestarse, para tratar de defender esto. No lo han hecho hasta el momento porque seguros están de que se van a arriesgar a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación les vuelva a enmendar la plana, como lo ha hecho en el caso de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado”. Fue más allá al anunciar que el próximo lunes 25 se realizará la segunda boda gay en su municipio, y para el 4 de abril está programada una tercera unión, además de que ocho parejas más se encuentran en lista de espera para contraer matrimonio. Vizcaíno consideró que el debate generado por la celebración de la primera boda gay, “por donde se le vea va a tener un resultado positivo, porque al final de cuentas es un tema que por fin se va a tener que discutir abiertamente en el Congreso, pues el hecho de que se esté dando este acompañamiento con acciones específicas, como la realización de matrimonios aquí en Cuauhtémoc, va a generar una presión positiva para que sea un tema que por fin sea atendido a través del Congreso local”. La alcaldesa se mostró segura de que a partir de los criterios establecidos por la SCJN en los amparos concedidos a tres parejas del mismo sexo en Oaxaca, tarde o temprano los estados del país se verán obligados a reformar sus códigos civiles y constituciones para establecer los matrimonios igualitarios. “Creo que es allá hacia donde nos estamos encaminando, yo por eso estoy muy tranquila, porque segura estoy de que cualquiera que sea el fin de esto, será un avance hacia el respeto de los derechos de las personas de la diversidad”, puntualizó. El presidente del Consejo Consultivo del Comité Estatal de la Diversidad Sexual (Cedise), Gabriel Alexis Plascencia, coincidió con la alcaldesa en el sentido de que los derechos humanos no deben entrar a consenso público, porque se encuentran establecidos en la Constitución General de la República y deben respetarse. No obstante, difirió en cuanto al mecanismo seguido por Indira Vizcaíno para poner en la mesa el tema del matrimonio gay, pues “lo hizo de la forma más rijosa y más fuerte” al realizar matrimonios antes de que se reformen las leyes locales, dijo. El camino legal para hacer las cosas, agregó, ya estaba fijado a través de los amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y “no había por qué manejar un tema en forma de imposición”, sino “privilegiar la ley antes que nada”. Plascencia manifestó que si finalmente se realiza la consulta ciudadana convocada por el Congreso, su organización participará en ella vigilando que realmente sea transparente al momento de que se manifieste el sentir ciudadano. Reconoció, sin embargo, que se corre el riesgo de que en una consulta de esa naturaleza se impongan los prejuicios de algunos sectores de la sociedad en perjuicio de la comunidad de la diversidad sexual. “Es como incitar a que los demás sectores que no comparten o no respetan la orientación sexual alterna a la heterosexual lo manifiesten por ese lado, y que esta consulta realmente resulte negativa y se rechace la iniciativa”, sostuvo. Advirtió que si esto ocurre, el Cedise interpondrá un juicio de amparo, porque “debemos de recordar que no puede haber ninguna ley que vaya en detrimento de algún derecho o garantía constitucional”.