CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Educación propuesta por la Coordinadora  Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y avalada por el gobierno de Ángel Aguirre, plantea reformas y adiciones en cinco artículos, uno de los cuales compromete a las autoridades estatales a mantener las promociones en los cargos de dirección y supervisión a través de “la comisión estatal mixta de escalafón y por usos y costumbres”. Además, el gobierno estatal se obliga a “gestionar plazas” ante su contraparte federal, mismas que, dice, serán asignadas a egresados de las nueve normales públicas, bajo criterios “académicos, confiables y transparentes”. De acuerdo con el documento oficial, del que Apro tiene una copia, se advierte que la iniciativa pactada ayer por autoridades estatales con la dirigencia del movimiento magisterial y normalista, indica que la evaluación que realicen las autoridades estatales “no pondrá en riesgo” la permanencia laboral de los trabajadores de la educación. Para ello, se creará un organismo denominado Instituto Autónomo de Evaluación Educativa de Guerrero, encargado de “regular, coordinar y transparentar” el proceso de evaluación. Esta iniciativa de decreto, que hoy fue turnada al Congreso, quien la remitió, a su vez, a comisiones para su discusión y dictaminación, proyecta  modificaciones y adiciones a los artículos 20; 21; 25; 29 y 65 de la Ley estatal de Educación número 158. La iniciativa en su eje medular adiciona al artículo 21, la siguiente propuesta: “Las autoridades educativas conforme a derecho y con base a los requisitos escalafonarios, continuarán otorgando las promociones a los cargos de dirección y de supervisión a través de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón en vigor, considerando que este escalafón y su reglamento debe ser auditivos y revisados de manera permanente". Luego, agrega: “Esta disposición no afectará los derechos de los pueblos originarios y si así fuera, se tomarán en cuenta los usos y costumbres”. El resto de los cambios incluyen el respeto a la gratuidad de la enseñanza y la obligación de las autoridades en destinar mayor presupuesto al sector educativo.