OAXACA, Oax. (apro).- El gobernador Gabino Cué Monteagudo dio a conocer hoy una iniciativa para reformar la Ley General de Educación, que propone cambios en los artículos 7,8,11 y 13, resultado de las negociaciones con la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En conferencia de prensa, el gobernador aclaró que el proyecto de iniciativa de reforma que propone “no es una contrarreforma”, sino “una oportunidad para proponer y participar, pero, sobre todo, para contribuir en el proceso de mejoramiento de la educación en el país y en nuestra entidad”. El documento en el que retoma varios principios del Plan por la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO) que presentó la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, será entregado este martes a los diputados federales oaxaqueños, para que la analicen y, en su caso, la voten y la presenten al Congreso de la Unión, adelantó el gobernador. Insistió en que no se trata de una reforma estatal ni de una contrarreforma constitucional. “Quienes hemos sido legisladores sabemos que cuando hay una reforma se tienen que adecuar las leyes secundarias y hasta el día de hoy no han presentado una iniciativa de reforma a ley general.” Luego de aclarar que “se trata de una iniciativa de ley que no pretende crear privilegios ni estados de excepción para nadie”, destacó que luego de 13 reuniones con profesores, se conformó un documento que recoge las preocupaciones de los mentores de Oaxaca que tienen que ver con la parte pluricultural, pluriétnica y regional. En una conferencia de prensa donde no se permitieron preguntas, el gobernador dejó en claro que “Oaxaca no puede estar por encima de la reforma educativa, sobre todo el mismo texto reconoce las particularidades y las necesidades educativas de estados como el oaxaqueño. Sin embargo, en el documento proponen que el artículo 7 de la Ley General de Educación, asimile de manera integral las necesidades educativas que hoy exigen y reclaman los pueblos y comunidades indígenas del país. Es decir que “los planes y programas de estudio, así como los materiales y métodos educativos, incorporen las lenguas originarias de nuestros pueblos indígenas”. De igual forma, dijo, “proponemos la modificación del artículo 8 de la Ley General de Educación, para que la calidad educativa deje de ser un recurso retórico y se convierta en una realidad que transforme la vida de los niños y los jóvenes de México”. “Para lograrlo, resulta indispensable que los planes y programas de estudio sean elaborados con la participación de las y los maestros, y no desde la frialdad de los escritorios, donde con frecuencia poco se sabe del trabajo y la problemática cotidiana que enfrentan los maestros en las aulas”, destaca el documento. También “proponemos que los nuevos meridianos de la educación del país, atiendan las necesidades de alimentación, de útiles y uniformes escolares de la niñez, al tiempo de emprender una cruzada nacional de rehabilitación y construcción de instalaciones educativas dignas, funcionales y seguras”. Hizo hincapié que “el espíritu de la iniciativa sostiene que la rectoría de la educación popular y gratuita –es y debe ser– potestad del Estado mexicano”. Por esa razón, “pretendemos que Ley General de Educación redefina el contenido de su artículo 13, a fin de garantizar una sólida alineación y participación de los tres órdenes de gobierno, en la elaboración e incorporación de contenidos regionales en los planes y programas de estudios”, añadió. Se propone también que los gobiernos estatales y los trabajadores de la educación participen en la definición de los criterios, términos y condiciones de la evaluación docente, así como las relativas al ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia en el servicio profesional. Es por ello que, la iniciativa “recomienda” que en el artículo 11 de la Ley General de Educación se establezca con toda precisión cuáles son las facultades, los objetivos y el quehacer del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, así como los alcances del Sistema Nacional de Información y Gestión Educativa, de tal modo que se garantice que no se violarán los derechos laborales del gremio magisterial, tal y como lo ordena la Constitución de la República”. Mencionó que “no se plantea evadir la evaluación docente, ni formalizar exámenes a modo; como tampoco se pretende crear un instituto estatal de evaluación magisterial –ni mucho menos– subvertir las nuevas disposiciones constitucionales”. Consideró que “esta propuesta basada en consensos y diálogo constructivo, representa una alternativa real y pertinente para dejar atrás posturas irreductibles que tensan nuestro entorno y que generan crispación en la sociedad”. Al final mandó un mensaje a la Sección 22 del SNTE que ha realizado marchas, bloqueos a centros comerciales y mítines en rechazo a la reforma educativa. “No podremos vencer la injusticia y defender las conquistas históricas del magisterio, trasgrediendo la Ley, lesionado los derechos de tránsito de la ciudadanía, inhibiendo la actividad económica y el aforo turístico del estado, del que dependen cientos de miles de familias oaxaqueñas de condición modesta”.