Convoca Artículo 19 a ampararse contra "Ley Antihalconeo"

jueves, 11 de abril de 2013
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La organización internacional Artículo 19 convocó a periodistas y ciudadanos en general a interponer recursos de amparo en contra de la llamada “Ley Antihalconeo” porque violenta las garantías constitucionales de los chiapanecos. Sólo de esa manera, agregó, el Poder Judicial de la Federación podría frenar la inminente criminalización del ejercicio de los derechos a la libre expresión y acceso a la información. De acuerdo con el abogado Abraham Gómez José, la demanda elaborada por el organismo internacional puntualiza que en la iniciativa que presentó el gobernador Manuel Velasco –para incluir en el Código Penal de Chiapas un delito que sanciona la obtención de información sobre la fuente policiaca y de justicia– se utiliza una redacción vaga, imprecisa y desproporcionada que genera un efecto inhibidor en el derecho a la información. Las frases "realice actos tendientes para obtener información" y las palabras "ubicación", "actividades" o "labores", dijo, incumplen con la obligación de emitir normas formuladas con la precisión suficiente para que una persona pueda regular su comportamiento, y tampoco proporcionan una orientación suficiente a los encargados de distinguir qué conductas pueden restringirse. En conferencia de prensa, Gómez José expuso que la sola amenaza de recibir un castigo, que va de los dos a los 15 años de prisión, configura una forma de censura previa en temas de gran relevancia social, como la seguridad pública y el funcionamiento de las instituciones de justicia. "La redacción de este delito fomenta y avala la agresión y el abuso de la fuerza del Estado hacia la prensa, que ya se encuentra en una posición vulnerable como crítica del gobierno, e incluso coarta la capacidad de la sociedad civil a tomar acciones en contra de la impunidad", puntualizó. El abogado señaló que los ciudadanos tienen el derecho de conocer la información relacionada con los cuerpos policiacos y las autoridades dedicadas a la impartición de justicia, y como entes públicos, agregó, las autoridades no pueden negarse a que los ciudadanos o periodistas conozcan sus actividades, menos a criminalizarlos por ello. Remató: “Es de interés público conocer cómo operan los cuerpos de seguridad, por lo que limitar esta información es un incentivo para que las autoridades abusen impunemente de periodistas y ciudadanos. Cualquier intento en este sentido debe repelerse con fuerza”. En tanto, Artículo 19 exigió al Poder Judicial de la Federación que atienda los argumentos vertidos en los amparos y otorgue la protección más amplia, declarando la inconstitucionalidad de la reforma en cuestión.

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