MÉXICO, D.F. (apro-cimac).- En los últimos 13 años, en el estado de Morelos se han encontrado 357 cadáveres de mujeres abandonados en calles, baldíos, barrancas, zonas de construcciones, ríos, cuartos de hotel o casas de seguridad. Debido a esa situación, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos solicitó al presidente Enrique Peña Nieto que emita una declaratoria de alerta de violencia de género. De acuerdo con el organismo, de 2000 a 2005 se reportaron 122 feminicidios en el estado y la cifra casi se duplicó durante el sexenio de Felipe Calderón, al contabilizarse 235 feminicidios: 20 en 2006, 29 en 2007, 31 en 2008 y 36 en 2009. Hasta octubre del 2010 fueron 40; en el 2011, se mantuvo el mismo número; en el 2012, se reportaron 39, y en lo que va del 2013 suman 15. El organismo afirma que la mayoría de las mujeres fue asesinada en su hogar y que del resto sus cuerpos fueron hallados en la calle, terrenos baldíos, barrancas, en una construcción, en el río, en cuartos de hotel o en casas de secuestro. “Todas ellas fueron torturadas, maltratadas, atemorizadas y vivieron humillaciones; fueron golpeadas hasta la muerte. Todas quedaron aisladas y desprotegidas, aterradas, amenazadas, vivieron la más extrema impotencia de indefensión”, dice la carta. Los crímenes fueron cometidos en 25 municipios de Morelos: Yecapixtla, Cuernavaca, Puente de Ixtla, Tepoztlan, Emiliano Zapata, Ayala, Zacatepec, Yautepec, Cuautla, Xochitepec, Jonacatepec, Huitzilac, Temixco, Jiutepec, Miacatlan, Axochiapan, Amacuzac, Jojutla, Tlaquiltenango, Atlatlahucan, Mazatepec, Tlayacapan, Tepalcingo, Tetecala y Tlaltizapan sin que a la fecha las autoridades hayan realizado acciones efectivas para la prevención, tratamiento, combate y erradicación de este delito. La muerte de mujeres en Morelos ocurre a pesar de que cuenta con su propia Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia desde el 2007, que establece los principios y criterios que deben orientar las políticas públicas para reconocer, promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en materia de prevención, atención y acceso a la justicia. La Comisión Independiente de Derechos Humanos señaló que atender la violencia feminicida es un reclamo de toda la sociedad, y en particular, de todas las personas allegadas, amistades y familia que se quedan con “un gran vacío y sin justicia”. Sin embargo, el organismo lamentó que el gobernador perredista Graco Ramírez; la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso, la diputada perredista María Teresa Domínguez, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Nadia Luz Lara Chávez, no han hecho nada. También descalificó a la Procuraduría General de Justicia de Morelos, a la Secretaría de Seguridad Publica y al Instituto de la Mujer estatal, por no contar con información sobre el tema y no llevar alguna tarea tendiente a eliminar la situación de riesgo que viven las morelenses. Por ello, la organización decidió enviar una carta a Peña Nieto, en vez de realizar el procedimiento de solicitud de la AVG al Instituto de las Mujeres del estado. “Ningún gobierno está o debe estar eximido de asumir la responsabilidad que le demanda la ley y la ciudadanía”, destacó el organismo al reiterar que se acentuó el feminicidio y que las autoridades son “omisas y negligentes”, y pueden estar coludidas con los asesinatos. La carta firmada por la coordinadora de la comisión, Juliana G. Quintanilla, apeló a las leyes estatales y a tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), para que se atienda su solicitud y se promuevan acciones a favor de las mujeres.