COLIMA, Col. (apro).- Luego de que el Tribunal Colegiado del Tercer Circuito declaró inconstitucional la tipificación penal del delito de difamación, el Congreso local decidió esta tarde, por unanimidad, derogar esa figura del Código Penal. No obstante, a pesar de que la iniciativa presentada hace un año por el entonces diputado panista José Luis López González proponía también despenalizar las calumnias, los legisladores mantuvieron vigente este delito en el ámbito penal, aunque ninguno fundamentó en la tribuna el sustento de esa determinación. De hecho, la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales tampoco ofreció en el texto de su dictamen los argumentos para dejar dentro del Código Penal el delito de calumnias. Para derogar el delito de difamación, el decreto se basó en los argumentos de dos sentencias emitidas hasta ahora por el Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, que declaró inconstitucionales los artículos 218, 219 y 220 del Código Penal. En esos artículos se establece que cuando la comunicación dolosa se realice en público o utilizando algún medio publicitario, no se requerirá la prueba del daño efectivo causado al honor de la persona, lo que se opone al contenido del artículo 6º de la Constitución General de la República, que prohíbe imponer inquisición judicial o administrativa como consecuencia de la libre manifestación de las ideas cuando tales expresiones no dañen los derechos de terceros. En consecuencia, señala el dictamen legislativo, “al presumir o prejuzgar que por el solo hecho de que la expresión presuntamente difamante se realice utilizando algún medio publicitario se está causando un daño al honor de las personas, sin exigir que se pruebe, vulnera el principio general del derecho”. Tras la aprobación del dictamen, organizaciones de periodistas colimenses aplaudieron la despenalización del delito de difamación, pero lamentaron que se haya mantenido la tipificación penal de las calumnias. Juan Ramón Negrete Jiménez, representante de la Federación de Asociaciones de Periodistas de la República Mexicana (Fapermex) en la región occidente, señaló que la derogación de la difamación se consideraba un hecho desde que el tribunal la declaró inconstitucional, pero “nosotros esperábamos que el Congreso local fuera más allá y hubiera legislado de una vez en el delito de la calumnia”. Expuso: “Es un buen avance lo que se hizo, pero los diputados se quedaron cortos al momento de hacer su tarea, tal vez porque el tribunal sólo se refirió al delito de difamación en el caso que atendió, por lo que habrá que esperar que alguna otra persona apele una sentencia por calumnias para que el Poder Judicial emita una resolución”. Por su parte, Mario Alberto Solís Espinosa, presidente de Periodistas y Comunicadores Independientes de Colima (Pecic), calificó como “un avance parcial” la decisión del Congreso, porque queda pendiente lo relativo al delito de calumnias, que no se tocó y “puede seguir siendo utilizado como un instrumento de presión de autoridades y grupos de poder”. Estimó que los diputados no despenalizaron totalmente los llamados delitos de prensa porque “creo que siguen pensando que dejar a salvo totalmente la libertad de expresión les puede afectar o tocar intereses que a ellos no les conviene; supongo que quieren guardar alguna herramienta de represión en contra de los periodistas y actores sociales que ejerzan a plenitud el derecho a la libertad de expresión en Colima”. Los representantes de ambas agrupaciones manifestaron que seguirán pugnando por que se derogue también el delito de calumnia, porque consideran que ya no tiene razón de ser, pues mientras permanezca vigente seguirá siendo una amenaza para los periodistas colimenses.