VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Con 34 votos a favor, cero en contra y una abstención --la del perredista Mario Cordova Leyva, presidente de la Comisión de Seguridad Pública--, el pleno del Congreso local aprobó la modificación a la Ley de Seguridad Pública para “quitar protección” a los exgobernadores y sus familias y reducir el resguardo de los siguientes funcionarios: el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el titular de la PGJE y el subprocurador de Justicia y el director de Averiguaciones Previas. El decreto prevé que el servicio de seguridad se otorgará única y exclusivamente dentro del territorio tabasqueño, salvo los casos de funcionarios en activo que lo requieran durante comisiones y representaciones oficiales fuera de la entidad pero dentro del país. El número de personal, equipo y demás instrumentos destinados para la protección de los exservidores públicos no será mayor a dos elementos y se otorgará exclusivamente con agentes certificados de la SSP. La protección se otorgará por un año, con prórroga de un año más por única vez, a los funcionarios que hayan desempeñado su cargo durante un año como mínimo, y se incluye la creación de un Comité de Autorización integrado por el secretario de Gobierno y los titulares de la SSP y Procuraduría de Justicia (PGJE). La nueva disposición legal establece que ese comité podrá ordenar los estudios e investigaciones necesarios, así como realizar consultas con las autoridades de procuración de justicia y seguridad pública del país para determinar la pertinencia de otorgar el servicio de protección personal. Asimismo, la SSP definirá un reglamento del servicio de protección personal que someterá a la aprobación del Ejecutivo estatal. Antes de la votación, el diputado perredista Rafael Acosta León propuso que la protección sólo se reservara para exprocuradores, exsecretarios de Seguridad Pública y expresidentes del TSJ, dejando fuera a exgobernadores, exsecretarios de Gobierno, exsubprocuradores y exdirector de Averiguaciones Previas. El legislador del PRD justificó la supresión de la protección a exmandatarios porque, dijo, no es justo que después de haber “mal gobernado” y cometido numerosos actos de corrupción, como en el caso de Granier Melo, todavía se les tenga que brindar seguridad al dejar el cargo. Su compañera de bancada, Rosalinda López Hernández pidió sólo excluir a los exgobernadores y exsecretarios de Gobierno y dejar la protección a exsubprocuradores y extitulares de Averiguaciones Previas, junto con exprocuradores, extitulares de SSP y expresidentes del TSJ, como finalmente fue aprobado. El diputado panista Francisco Castillo Ramírez celebró el retiro de la seguridad a los exgobernadores por considerarlo “un derroche innecesario de recursos”. Las modificaciones a la ley entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del estado, aunque el titular del Ejecutivo cuenta con diez días hábiles para hacerle observaciones o incluso vetar las reformas.