OAXACA, Oax. (apro).- Sara Méndez, coordinadora del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Codigo-dh), denunció el allanamiento de las oficinas de la organización. Por esos hechos, se levantó un acta de incidentes que se sumó a un expediente previo abierto en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Apenas el 19 de febrero, la organización Brigadas de Paz Internacional México (PBI, por sus siglas en inglés) hizo un llamado al gobernador Gabino Cué para que fortalezca la protección a personas defensoras de derechos. En 2001, Oaxaca ocupó el segundo lugar, después de Chihuahua, con el mayor número de ataques a defensores de derechos y, en el primer trimestre de 2012, se situó a la cabeza. Sara Méndez, también consejera ciudadana de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, relató que al llegar a su oficina encontró los candados abiertos. Al hacer una revisión del equipo, se percató que en uno de los escritorios del área jurídica se encontraba encendida una computadora, entonces “fue notorio que revisaron los expedientes que se encontraban ahí, llevándose algunas hojas de los mismos, muy posiblemente también revisaron la documentación de las computadoras”. La activista consideró que los hechos ocurrieron en el transcurso de esta madrugada, razón por la que manifestó su preocupación “por esta nueva ola de agresión a defensores y defensoras de derechos humanos”. Es por ello que exigió a los gobiernos estatal y federal garantías para el trabajo de defensa de los derechos humanos. Cabe destacar que Alba Cruz Ramos, responsable del área jurídica de esa ONG, cuenta con medidas cautelares que le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por amenazas recibidas en el marco del conflicto sociopolítico de 2006. Otros defensores que también cuentan con medidas cautelares son Wylfrido Mayrén (Padre Uvi), fundador del Centro Bartolomé Carrasco Briseño, y el padre Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino. Ben Leather, representante de PBI, subrayó la necesidad de acabar con la impunidad en Oaxaca y agilizar la procuración de justicia para evitar la repetición de agresiones contra defensores de derechos en la entidad.