CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La agudización de los conflictos sociales y la persistente violencia que provocan una percepción de ingobernabilidad en la entidad, desencadenó el cese de al menos tres funcionarios del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, informaron fuentes oficiales. Los personajes de la administración que hasta el momento han sido sacrificados son el secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez; la titular de la Secretaría de Educación, Silvia Romero Suárez y el secretario de Seguridad Pública, Guillermo Jiménez Padilla, indicaron las fuentes. Al respecto, el director de Comunicación Social del gobierno estatal, Pedro Julio Valdez Vilchis, informó que se avecinan cambios y enroques en la administración de Aguirre aunque dijo que aún “no hay nada oficial”. Entrevistado vía telefónica, Valdez Vilchis dijo que el gobernador Aguirre se encuentra en la Ciudad de México pero no especificó las causas. No obstante, fuentes oficiales aseguraron que se trata de un cónclave donde participan miembros de la dirigencia nacional del PRD y funcionarios de la Secretaría de Gobernación federal, quienes están avalando los cambios en el gabinete de Aguirre. Desde hace 10 días este medio dio a conocer que el secretario de Seguridad Pública estatal, Guillermo Jiménez Padilla, habría presentado su renuncia al cargo aunque sigue participando en reuniones del gabinete de seguridad denominado Grupo Coordinación Guerrero, conformado por autoridades castrenses y políticas de los tres niveles de gobierno. Mientras que el secretario de Gobierno, Humberto Salgado, anunció este sábado su renuncia al cargo por la crisis que enfrenta el gobierno estatal ante la agudización de los conflictos sociales que no ha podido resolver la administración de Aguirre, entre ellos las protestas del movimiento magisterial y la proliferación de grupos de autodefensa ciudadana. La falta de operación política en la administración es tan grave que la semana pasada Aguirre utilizó como empleado al miembro de la dirigencia estatal del PRD, Óscar Chávez Rendón, para destrabar el conflicto registrado la semana pasada en San Luis Acatlán, donde integrantes de la Policía Comunitaria adherida a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron durante tres días a 13 policías ministeriales y municipales, así como a un funcionario del ayuntamiento y del Tribunal Superior de Justicia. En este sentido, también se contempla la renuncia de la secretaria de Educación en la entidad, Silvia Romero, quien prácticamente ha sido rebasada por la problemática que se vive en el sector educativo en el que se han generado dos conflictos que tienen en jaque a la administración de Aguirre. El primero fue el asesinato a tiros de dos normalistas de Ayotzinapa durante el desalojo de un bloqueo de que realizaban estudiantes en la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011 para exigir una audiencia con el mandatario estatal porque sus demandas de plazas y becas no fueron atendidas por la funcionaria. El segundo es la protesta del magisterio disidente en contra de la aprobación de la reforma educativa que se convirtió en el Movimiento Popular de Guerrero y que en los últimos dos meses provocó un paro de labores, manifestaciones violentas, bloqueos de calles y de la Autopista del Sol, acciones que exhibieron el vacío de autoridad y desataron críticas en contra del gobierno de Aguirre.